Motivos para la huelga general
Vicenç Navarro
Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.
Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.
Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.
A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países. Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
viernes, 3 de septiembre de 2010
domingo, 1 de agosto de 2010
Vicenç Navarro
Sistema Digital
Estamos viendo estos días uno de los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, más sustanciales que hayamos visto desde hace años, recortes que se nos dice son necesarios para recuperar “la confianza de los mercados financieros”, una frase que parece determinar todas las políticas propuestas tanto por el gobierno español como por el mayor partido de la oposición, el PP. La reducción de la calificación de los bonos soberanos de España, pasando de AAA a AA+ por la Agencia Fitch, causó un pánico que forzó toda una serie de medidas de austeridad, estimuladas a su vez por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y, como no, el Banco de España, todas ellas instituciones de clara y conocida orientación neoliberal.
Estas medidas tomadas por el gobierno español significan un recorte equivalente a un 1,4% del PIB (15.300 millones de euros) que deben realizarse en dos años. El gobierno ha propuesto también aumentar los impuestos en una cantidad equivalente a un 1,6% del PIB (17.900 millones de euros), con lo cual, el impacto fiscal sería equivalente a un 3% del PIB en su contribución a la reducción del déficit público. Estas medidas han ido acompañadas de cambios en la regulación del mercado de trabajo, que tendrán como consecuencia el aumento del desempleo y la disminución de los salarios (aún cuando el discurso oficial explicita otros objetivos menos impopulares). Esta reducción de los salarios se considera necesaria para aumentar la productividad (más baja que la existente en Alemania y en Francia), permitiendo una mayor competitividad, puesto que la imposibilidad de devaluar la moneda deja sólo esa opción para que España sea más competitiva.
Tales medidas de austeridad de gasto público, acompañadas de las reformas laborales, tendrán, sin embargo, un impacto negativo en el estímulo económico, disminuyendo todavía más el crecimiento económico español. En realidad, la disminución en la calidad de los bonos soberanos se basa en la lectura que las agencias de valoración de tales bonos han hecho de lo que definen como “la fragilidad de la economía española” (una manera diplomática de referirse al escaso crecimiento económico). Una consecuencia de esta percepción es que cada vez es más difícil encontrar compradores de tales bonos soberanos, lo que significa un aumento de sus intereses y un aumento de los costes de la deuda pública, que los llamados “mercados financieros” dudan pueda pagarse. Tales medidas de austeridad están, pues, preocupando a los mercados financieros, con lo cual estas medidas están consiguiendo alcanzar unos objetivos opuestos a los que intentaron. De ahí que sea sorprendente que la respuesta que el gobierno español está dando a la crisis sea precisamente acentuar todavía más la austeridad de gasto público y la reducción de los salarios, medidas que el mayor partido de la oposición, el PP, incluso acentúa más, limitándose así el debate político entre los dos partidos mayoritarios del país, el PSOE y el PP, en cuál de los dos “es más austero” y “desregula más el mercado de trabajo”. El PP quiere más, y el PSOE quiere menos. Pero, por lo demás, los dos coinciden en que hay que seguir tales políticas. Ni que decir tiene que tanto la Banca como la gran patronal están aplaudiendo estas medidas que, en realidad, han estado deseando durante muchos años a fin de debilitar el mundo del trabajo.
El Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación económica más importantes de EEUU (que tiene en su consejo asesor a dos Premios Nóbel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz), acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública en España que cuestiona el mérito de tales medidas (Alternativas a la Austeridad Fiscal en España, de Mark Weisbrot y Juan Montecino) ver informe. Como bien señalan sus autores, Mark Weisbort y Juan Montecino, la deuda pública española fue descendiendo durante el periodo 2000-2007, pasando de ser equivalente a un 59,3% del PIB a un 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel periodo. El déficit del estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Al iniciarse la crisis, la deuda pública era, pues, una de las más bajas de la UE-15. Y la situación era incluso mejor cuando se analiza la evolución de la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado). Tal deuda pública neta (que es la deuda que se debe al inversor privado) fue incluso más baja, habiéndose reducido a un 26,5% del PIB en 2007. De ahí que el argumento utilizado por muchos economistas neoliberales de que la crisis fue ocasionada por un excesivo gasto público, no tiene ninguna validez, lo cual, por desgracia, no es obstáculo para que los medios de información y persuasión (la mayoría de persuasión neoliberal) continúen promoviendo esta explicación de la crisis.
La mayor causa de la crisis fue la explosión de dos burbujas, Una, la inmobiliaria (que comenzó en el 2007), coincidiendo con el inicio de la recesión mundial. Tal burbuja había tomado mayor intensidad en el periodo 2000-2006, cuando la construcción pasó de representar el 7,5% del PIB en 2000 a un 10,8% en 2006. Desde entonces, tal actividad económica ha caído un 87%, una cantidad que está en la raíz del problema económico español. Mark Weisbrot y Juan Montecino señalan en su informe las similitudes entre las burbujas inmobiliarias de España y de EEUU y su impacto en la economía. La otra burbuja fue en el mercado de valores. Tal burbuja alcanzó un nivel máximo del 125% del PIB en Noviembre de 2007, y cayó hasta un 54% del PIB un año más tarde. En ambos casos –la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil- su explosión creó un enorme vacío de la demanda, que sólo el estado puede llenar. Como indican los autores, esperar que sea el sector privado el que llene este vacío es profundamente erróneo. Recortar, además, el gasto público es un suicidio económico, que profundiza la recesión.
Tales políticas de austeridad pueden llevar a una situación de crecimiento económico muy lento e intereses de la deuda muy elevados, lo cual dificultará enormemente la recuperación económica, incrementándose a su vez la deuda pública. Es más, la reducción de la demanda interna (consecuencia del descenso del gasto público y reducción de los salarios) significará que el mayor estímulo económico tendrá que depender de factores externos, poco predecibles en un momento de recesión mundial, tales como las exportaciones. Esta estrategia, que es la que están defendiendo tanto el gobierno español como las derechas españolas, PP y CIU, es enormemente arriesgada y errónea.
¿Cuáles son las alternativas?
Para proponer una alternativa a las políticas de austeridad, hay que tener en cuenta que la deuda pública española, incluso ahora, no es exagerada. En realidad, representa 65.000 millones de euros y se calcula que alcanzará 78.000 millones de euros en 2011. Esta cantidad es una cantidad muy menor comparada con los 750.000 millones de euros que la UE y el FMI tienen disponible para ayudar a los estados miembros de la UE en dificultades financieras. De ahí que si las autoridades de la UE y del FMI desearan evitar el crecimiento de los intereses de la deuda pública soberana española, lo podrían hacer fácilmente, poniendo aquel dinero a disposición de España, asegurando así a los mercados financieros que España podría pagar tal deuda sin más dolores de cabeza. De estas cifras se deduce que la deuda pública no tendría que ser un obstáculo para la recuperación económica. De ahí que Mark Weisbrot y Juan Montecino concluyan que las políticas de reducción del déficit y de la deuda son innecesarias y desaconsejables, pues lo que creen que se debería hacer es, precisamente, aumentar el gasto público con el fin de estimular la economía y el crecimiento económico, que es lo que algunas voces solitarias hemos estado diciendo en España, sin que este mensaje haya tenido ninguna resonancia en la mayoría de los medios (ver mi artículo “Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace”. Sistema digital, 09.07.10).
El argumento que utiliza el gobierno y el mayor partido de la oposición para no seguir esta estrategia es que el nivel de endeudamiento público español es excesivo. Pero en este argumento se olvida un elemento clave: ¿quién es el propietario de la deuda? En realidad, más importante que el tamaño de la deuda es a quién se deben pagar los intereses de tal deuda. No es lo mismo que los intereses se tengan que pagar a inversores privados (deuda neta) que al estado. La deuda bruta es toda la deuda, incluyendo la neta, pero también la deuda que el estado se debe a sí mismo. (En este último caso, tal deuda no representa una carga sobre el presupuesto del Estado). Los intereses de la deuda dependen primordialmente de la deuda neta. Así, Japón tiene una deuda enorme (227% del PIB) y en cambio los intereses de la deuda son sólo de un 2% (los intereses de la deuda española son de un 3,6%). Y ello se debe a que la deuda neta es mucho menor que la deuda bruta (es un 112% del PIB). El Banco Central Japonés ha ido imprimiendo dinero con el que comprar la deuda pública japonesa. La deuda neta –que es la que configura los intereses de la deuda- es mucho más baja, y de ahí que los intereses sean mucho más bajos de lo que serían si toda la deuda se debiera a los inversores privados. Una situación semejante ha ocurrido en EEUU donde el Banco Central ha impreso dinero (equivalente a un 8% del PIB) para pagar la deuda pública soberana, así como para ayudar a los bancos y a las empresas. Tanto en EEUU como en Japón, tales cantidades no han creado inflación debido a la recesión en el sector privado.
En España tampoco existe inflación y el peligro es precisamente el contrario, el de la deflación. El problema que España tiene es que el Banco Central español no puede imprimir dinero. Pero el Banco Central Europeo sí que puede. De ahí que el BCE podría imprimir y comprar deuda pública española, revirtiendo los intereses de tal deuda al estado español, con lo que el efecto sería el mismo que la compra por parte de los Bancos Centrales Estadounidense y Japonés de su deuda pública. Mark Weisbrot y Juan Montecino han calculado qué pasaría con la deuda neta española si el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en una cantidad equivalente a un 4% del PIB español durante dos años (y devolviendo los intereses de la deuda al gobierno español, tal como hacen el Banco Central estadounidense y el Banco Central japonés). Ello permitiría un estímulo económico de alrededor de un 3,9% del PIB, incrementándose su deuda neta de un 50,3% del PIB en 2010 a un 66,5% del PIB en 2020, lo cual es un crecimiento totalmente asumible. (Hoy la deuda neta promedio de la UE es el 79% del PIB). Esta alternativa permitiría estimular significativamente la economía española (a base de inversiones en creación de empleo, tanto en la infraestructura física como en la social) con un efecto inmediato en la reducción del desempleo, sin costos inasumibles en el pago de la deuda pública neta. En realidad, la deuda pública española representa sólo un 0,5% del PIB de la UE.
El error de las políticas actuales
La continuación de las políticas actuales (tal como exigen el FMI, la UE y el BCE) conducirá, sin embargo, a un empeoramiento de la economía, contribuyendo a su fragilidad. En este aspecto, las recetas que la UE y el FMI han estado aplicando a los países del Este de Europa, en preparación a su integración a la UE han sido un desastre para aquellas economías. Las proyecciones que tales instituciones hicieron para aquellos países han probado ser profundamente erróneas, causando un deterioro de sus economías mucho más acentuado de lo que se estimó. Así, habían calculado un descenso del PIB de Letonia de un 5% del PIB para 2009, siendo el descenso real un 18%. Lo mismo ocurrió con Irlanda, donde el FMI proyectó un descenso de sólo un 1% del PIB para el 2009, cuando el descenso fue de un 10%. Seguir estas políticas es profundamente erróneo. Y creerse que el estímulo económico provendrá del aumento de la competitividad para aumentar las exportaciones es irreal, entre otras razones porque –tal como queda indicado anteriormente- esta gran recesión es a nivel mundial. De ahí la importancia de la demanda interna como motor del estímulo económico, que pasa por una inversión pública muy acentuada.
Tal como documentan Weisbrot y Montecino, la continuación de las políticas actuales recesionistas implica que la deuda pública tendrá que incrementar sus intereses para poder encontrar compradores, aumentando considerablemente el coste de la deuda y la misma deuda. Es probable que la deuda pública aumentara hasta un 104% del PIB, con unos intereses que podrían llegar al 6, 7, e incluso el 8%. En resumidas cuentas, el resultado podría ser un crecimiento económico muy lento, acompañado de un aumento notable de la deuda pública y de los intereses para pagarla. De ahí el error de las políticas de austeridad que se presentan como medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública cuando, en realidad, lo que hacen es aumentarla. La pasada experiencia en momentos de crisis muestra la evidencia que permite alcanzar tal conclusión.
Por desgracia, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional apoyarán las medidas aquí sugeridas, que exigirían políticas distintas a las que el Banco Central Europeo ha estado haciendo. El Banco Central Europeo no es un banco central como lo es el Banco Central estadounidense o el japonés (ver mi artículo “No son los mercados, sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema Digital. 04.06.10) Así y todo, Weisbrot y Montecino proponen al gobierno español desarrollar un estímulo económico, pidiendo prestado dinero a los mercados internacionales. Los dos autores hacen un cálculo de varios escenarios, y entre ellos incluyen uno en que el estímulo económico alcanzado, con un crecimiento del gasto público equivalente a un 1% del PIB en 2010, y un 1,3% en 2011, significaría un crecimiento de la deuda neta, pasando de ser un 54% en 2010 a un 68% en 2020, permitiendo a la vez reducir el déficit, bajándolo a un 3% del PIB en 2013. Tal crecimiento de la deuda neta, aunque superior al proyectado por el gobierno, sería asumible, facilitando así un crecimiento económico que absorbería la deuda, permitiendo a su vez disminuir el déficit del estado. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Son datos claros y convincentes que es improbable que tengan mayor impacto debido al dogma neoliberal que absorbe y contamina toda la cultura económica dominante en la UE y en España, y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión en nuestro país. Y ahí está el problema.
Sistema Digital
Estamos viendo estos días uno de los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, más sustanciales que hayamos visto desde hace años, recortes que se nos dice son necesarios para recuperar “la confianza de los mercados financieros”, una frase que parece determinar todas las políticas propuestas tanto por el gobierno español como por el mayor partido de la oposición, el PP. La reducción de la calificación de los bonos soberanos de España, pasando de AAA a AA+ por la Agencia Fitch, causó un pánico que forzó toda una serie de medidas de austeridad, estimuladas a su vez por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y, como no, el Banco de España, todas ellas instituciones de clara y conocida orientación neoliberal.
Estas medidas tomadas por el gobierno español significan un recorte equivalente a un 1,4% del PIB (15.300 millones de euros) que deben realizarse en dos años. El gobierno ha propuesto también aumentar los impuestos en una cantidad equivalente a un 1,6% del PIB (17.900 millones de euros), con lo cual, el impacto fiscal sería equivalente a un 3% del PIB en su contribución a la reducción del déficit público. Estas medidas han ido acompañadas de cambios en la regulación del mercado de trabajo, que tendrán como consecuencia el aumento del desempleo y la disminución de los salarios (aún cuando el discurso oficial explicita otros objetivos menos impopulares). Esta reducción de los salarios se considera necesaria para aumentar la productividad (más baja que la existente en Alemania y en Francia), permitiendo una mayor competitividad, puesto que la imposibilidad de devaluar la moneda deja sólo esa opción para que España sea más competitiva.
Tales medidas de austeridad de gasto público, acompañadas de las reformas laborales, tendrán, sin embargo, un impacto negativo en el estímulo económico, disminuyendo todavía más el crecimiento económico español. En realidad, la disminución en la calidad de los bonos soberanos se basa en la lectura que las agencias de valoración de tales bonos han hecho de lo que definen como “la fragilidad de la economía española” (una manera diplomática de referirse al escaso crecimiento económico). Una consecuencia de esta percepción es que cada vez es más difícil encontrar compradores de tales bonos soberanos, lo que significa un aumento de sus intereses y un aumento de los costes de la deuda pública, que los llamados “mercados financieros” dudan pueda pagarse. Tales medidas de austeridad están, pues, preocupando a los mercados financieros, con lo cual estas medidas están consiguiendo alcanzar unos objetivos opuestos a los que intentaron. De ahí que sea sorprendente que la respuesta que el gobierno español está dando a la crisis sea precisamente acentuar todavía más la austeridad de gasto público y la reducción de los salarios, medidas que el mayor partido de la oposición, el PP, incluso acentúa más, limitándose así el debate político entre los dos partidos mayoritarios del país, el PSOE y el PP, en cuál de los dos “es más austero” y “desregula más el mercado de trabajo”. El PP quiere más, y el PSOE quiere menos. Pero, por lo demás, los dos coinciden en que hay que seguir tales políticas. Ni que decir tiene que tanto la Banca como la gran patronal están aplaudiendo estas medidas que, en realidad, han estado deseando durante muchos años a fin de debilitar el mundo del trabajo.
El Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación económica más importantes de EEUU (que tiene en su consejo asesor a dos Premios Nóbel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz), acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública en España que cuestiona el mérito de tales medidas (Alternativas a la Austeridad Fiscal en España, de Mark Weisbrot y Juan Montecino) ver informe. Como bien señalan sus autores, Mark Weisbort y Juan Montecino, la deuda pública española fue descendiendo durante el periodo 2000-2007, pasando de ser equivalente a un 59,3% del PIB a un 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel periodo. El déficit del estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Al iniciarse la crisis, la deuda pública era, pues, una de las más bajas de la UE-15. Y la situación era incluso mejor cuando se analiza la evolución de la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado). Tal deuda pública neta (que es la deuda que se debe al inversor privado) fue incluso más baja, habiéndose reducido a un 26,5% del PIB en 2007. De ahí que el argumento utilizado por muchos economistas neoliberales de que la crisis fue ocasionada por un excesivo gasto público, no tiene ninguna validez, lo cual, por desgracia, no es obstáculo para que los medios de información y persuasión (la mayoría de persuasión neoliberal) continúen promoviendo esta explicación de la crisis.
La mayor causa de la crisis fue la explosión de dos burbujas, Una, la inmobiliaria (que comenzó en el 2007), coincidiendo con el inicio de la recesión mundial. Tal burbuja había tomado mayor intensidad en el periodo 2000-2006, cuando la construcción pasó de representar el 7,5% del PIB en 2000 a un 10,8% en 2006. Desde entonces, tal actividad económica ha caído un 87%, una cantidad que está en la raíz del problema económico español. Mark Weisbrot y Juan Montecino señalan en su informe las similitudes entre las burbujas inmobiliarias de España y de EEUU y su impacto en la economía. La otra burbuja fue en el mercado de valores. Tal burbuja alcanzó un nivel máximo del 125% del PIB en Noviembre de 2007, y cayó hasta un 54% del PIB un año más tarde. En ambos casos –la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil- su explosión creó un enorme vacío de la demanda, que sólo el estado puede llenar. Como indican los autores, esperar que sea el sector privado el que llene este vacío es profundamente erróneo. Recortar, además, el gasto público es un suicidio económico, que profundiza la recesión.
Tales políticas de austeridad pueden llevar a una situación de crecimiento económico muy lento e intereses de la deuda muy elevados, lo cual dificultará enormemente la recuperación económica, incrementándose a su vez la deuda pública. Es más, la reducción de la demanda interna (consecuencia del descenso del gasto público y reducción de los salarios) significará que el mayor estímulo económico tendrá que depender de factores externos, poco predecibles en un momento de recesión mundial, tales como las exportaciones. Esta estrategia, que es la que están defendiendo tanto el gobierno español como las derechas españolas, PP y CIU, es enormemente arriesgada y errónea.
¿Cuáles son las alternativas?
Para proponer una alternativa a las políticas de austeridad, hay que tener en cuenta que la deuda pública española, incluso ahora, no es exagerada. En realidad, representa 65.000 millones de euros y se calcula que alcanzará 78.000 millones de euros en 2011. Esta cantidad es una cantidad muy menor comparada con los 750.000 millones de euros que la UE y el FMI tienen disponible para ayudar a los estados miembros de la UE en dificultades financieras. De ahí que si las autoridades de la UE y del FMI desearan evitar el crecimiento de los intereses de la deuda pública soberana española, lo podrían hacer fácilmente, poniendo aquel dinero a disposición de España, asegurando así a los mercados financieros que España podría pagar tal deuda sin más dolores de cabeza. De estas cifras se deduce que la deuda pública no tendría que ser un obstáculo para la recuperación económica. De ahí que Mark Weisbrot y Juan Montecino concluyan que las políticas de reducción del déficit y de la deuda son innecesarias y desaconsejables, pues lo que creen que se debería hacer es, precisamente, aumentar el gasto público con el fin de estimular la economía y el crecimiento económico, que es lo que algunas voces solitarias hemos estado diciendo en España, sin que este mensaje haya tenido ninguna resonancia en la mayoría de los medios (ver mi artículo “Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace”. Sistema digital, 09.07.10).
El argumento que utiliza el gobierno y el mayor partido de la oposición para no seguir esta estrategia es que el nivel de endeudamiento público español es excesivo. Pero en este argumento se olvida un elemento clave: ¿quién es el propietario de la deuda? En realidad, más importante que el tamaño de la deuda es a quién se deben pagar los intereses de tal deuda. No es lo mismo que los intereses se tengan que pagar a inversores privados (deuda neta) que al estado. La deuda bruta es toda la deuda, incluyendo la neta, pero también la deuda que el estado se debe a sí mismo. (En este último caso, tal deuda no representa una carga sobre el presupuesto del Estado). Los intereses de la deuda dependen primordialmente de la deuda neta. Así, Japón tiene una deuda enorme (227% del PIB) y en cambio los intereses de la deuda son sólo de un 2% (los intereses de la deuda española son de un 3,6%). Y ello se debe a que la deuda neta es mucho menor que la deuda bruta (es un 112% del PIB). El Banco Central Japonés ha ido imprimiendo dinero con el que comprar la deuda pública japonesa. La deuda neta –que es la que configura los intereses de la deuda- es mucho más baja, y de ahí que los intereses sean mucho más bajos de lo que serían si toda la deuda se debiera a los inversores privados. Una situación semejante ha ocurrido en EEUU donde el Banco Central ha impreso dinero (equivalente a un 8% del PIB) para pagar la deuda pública soberana, así como para ayudar a los bancos y a las empresas. Tanto en EEUU como en Japón, tales cantidades no han creado inflación debido a la recesión en el sector privado.
En España tampoco existe inflación y el peligro es precisamente el contrario, el de la deflación. El problema que España tiene es que el Banco Central español no puede imprimir dinero. Pero el Banco Central Europeo sí que puede. De ahí que el BCE podría imprimir y comprar deuda pública española, revirtiendo los intereses de tal deuda al estado español, con lo que el efecto sería el mismo que la compra por parte de los Bancos Centrales Estadounidense y Japonés de su deuda pública. Mark Weisbrot y Juan Montecino han calculado qué pasaría con la deuda neta española si el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en una cantidad equivalente a un 4% del PIB español durante dos años (y devolviendo los intereses de la deuda al gobierno español, tal como hacen el Banco Central estadounidense y el Banco Central japonés). Ello permitiría un estímulo económico de alrededor de un 3,9% del PIB, incrementándose su deuda neta de un 50,3% del PIB en 2010 a un 66,5% del PIB en 2020, lo cual es un crecimiento totalmente asumible. (Hoy la deuda neta promedio de la UE es el 79% del PIB). Esta alternativa permitiría estimular significativamente la economía española (a base de inversiones en creación de empleo, tanto en la infraestructura física como en la social) con un efecto inmediato en la reducción del desempleo, sin costos inasumibles en el pago de la deuda pública neta. En realidad, la deuda pública española representa sólo un 0,5% del PIB de la UE.
El error de las políticas actuales
La continuación de las políticas actuales (tal como exigen el FMI, la UE y el BCE) conducirá, sin embargo, a un empeoramiento de la economía, contribuyendo a su fragilidad. En este aspecto, las recetas que la UE y el FMI han estado aplicando a los países del Este de Europa, en preparación a su integración a la UE han sido un desastre para aquellas economías. Las proyecciones que tales instituciones hicieron para aquellos países han probado ser profundamente erróneas, causando un deterioro de sus economías mucho más acentuado de lo que se estimó. Así, habían calculado un descenso del PIB de Letonia de un 5% del PIB para 2009, siendo el descenso real un 18%. Lo mismo ocurrió con Irlanda, donde el FMI proyectó un descenso de sólo un 1% del PIB para el 2009, cuando el descenso fue de un 10%. Seguir estas políticas es profundamente erróneo. Y creerse que el estímulo económico provendrá del aumento de la competitividad para aumentar las exportaciones es irreal, entre otras razones porque –tal como queda indicado anteriormente- esta gran recesión es a nivel mundial. De ahí la importancia de la demanda interna como motor del estímulo económico, que pasa por una inversión pública muy acentuada.
Tal como documentan Weisbrot y Montecino, la continuación de las políticas actuales recesionistas implica que la deuda pública tendrá que incrementar sus intereses para poder encontrar compradores, aumentando considerablemente el coste de la deuda y la misma deuda. Es probable que la deuda pública aumentara hasta un 104% del PIB, con unos intereses que podrían llegar al 6, 7, e incluso el 8%. En resumidas cuentas, el resultado podría ser un crecimiento económico muy lento, acompañado de un aumento notable de la deuda pública y de los intereses para pagarla. De ahí el error de las políticas de austeridad que se presentan como medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública cuando, en realidad, lo que hacen es aumentarla. La pasada experiencia en momentos de crisis muestra la evidencia que permite alcanzar tal conclusión.
Por desgracia, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional apoyarán las medidas aquí sugeridas, que exigirían políticas distintas a las que el Banco Central Europeo ha estado haciendo. El Banco Central Europeo no es un banco central como lo es el Banco Central estadounidense o el japonés (ver mi artículo “No son los mercados, sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema Digital. 04.06.10) Así y todo, Weisbrot y Montecino proponen al gobierno español desarrollar un estímulo económico, pidiendo prestado dinero a los mercados internacionales. Los dos autores hacen un cálculo de varios escenarios, y entre ellos incluyen uno en que el estímulo económico alcanzado, con un crecimiento del gasto público equivalente a un 1% del PIB en 2010, y un 1,3% en 2011, significaría un crecimiento de la deuda neta, pasando de ser un 54% en 2010 a un 68% en 2020, permitiendo a la vez reducir el déficit, bajándolo a un 3% del PIB en 2013. Tal crecimiento de la deuda neta, aunque superior al proyectado por el gobierno, sería asumible, facilitando así un crecimiento económico que absorbería la deuda, permitiendo a su vez disminuir el déficit del estado. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Son datos claros y convincentes que es improbable que tengan mayor impacto debido al dogma neoliberal que absorbe y contamina toda la cultura económica dominante en la UE y en España, y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión en nuestro país. Y ahí está el problema.
miércoles, 10 de febrero de 2010
Una vez más, las pensiones
Vicenç Navarro
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Vicenç Navarro
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
sábado, 7 de noviembre de 2009
ALTERNATIVA AL CAPITALISMO
La tozudez y contundencia de los datos demuestran la cruda realidad que sufre la mayoría de la población como consecuencia de la peor crisis del capitalismo en muchos años. En España, este otoño nos deja más de cuatro millones de parados, de los que 1,2 millones son de larga duración y con más de un millón de hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso.Estas ifras contrastan con los cientos de millones de euros que el Gobierno del PSOE ha regalado, para tapar sus “agujeros”, a una banca que en plena crisis ha ganado más de 6.000 millones de euros mientras sigue negando prestamos a las familias y a las pymes.
En esta situación, nos encontramos con un Gobierno que presenta unos Presupuestos que no sólo no cambian el modelo de desarrollo que nos ha llevado al desastre, sino que son pactados con la derecha nacionalista renunciando a una salida de izquierdas a la crisis, porque el PSOE se niega a plantear medidas realmente progresistas en el terreno fiscal o aumentar significativamente las inversiones públicas.Desde el Partido Comunista tenemos claro que quienes nos han llevado a esta situación de crisis –de forma muy especial el Partido Popular y sus políticas liberalizadoras, un modelo de desarrollo basado en el pelotazo urbanístico, la especulación financiera–, quienes se hacen valedores del sistema capitalista, no pueden sacarnos de una situación que ha provocado precisamente este sistema.
El neoliberalismo globalizado no tiene la voluntad de satisfacer las necesidades básicas de millones de seres humanos; el sistema capitalista no ha sabido o, mejor dicho, no ha querido resolver los problemas de la humanidad.Por ello es necesario un cambio de modelo de desarrollo, un cambio de valores; en definitiva hace falta un cambio de sociedad. Por ello, desde el PCE, frente a la crisis del capitalismo planteamos propuestas que avancen hacia una sociedad socialista.Hablar de construcción del socialismo en Europa en el año 2009 puede hoy parecer irreal, ilusorio, pero si pensamos lo que nos habría sucedido hace pocos años si planteamos la posibilidad de que un líder indígena gobernara Bolivia o que en la Latinoamérica llena de dictaduras militares y en pleno liberalismo salvaje se llevaran a cabo procesos claramente de anticapitalistas de poder popular, seguro que nos habrían tomado por locos.
La realidad es que hablar hoy de Socialismo, con mayúsculas y sin complejos, no sólo es posible, sino, sobre todo, empieza a ser creíble. Hablar hoy de una banca pública que ponga sus recursos al servicio de la comunidad, o plantear una planificación de la economía para evitar la rapiña que hemos sufrido en los últimos 15 años, hablar de recuperar un sector público potente que genere empleo sin buscar el pelotazo y que mejore y amplíe los servicios públicos, es simplemente plantear una salida a la crisis diferente a la que se plantea desde el PSOE, y radicalmente enfrentada con la que propone el PP, que es plantear directamente una salida de la crisis en la que los más débiles sean los beneficiados.
Una salida donde la palabra solidaridad cobre su verdadera dimensión, porque se basa en una justa distribución de la riqueza y plantea un modelo de sociedad en la que la justicia social sea el objetivo fundamental de la economía. Una salida que rechace un orden internacional basado en la sumisión de la mayoría de la población mundial a los intereses de unas multinacionales que provocan guerras para apropiarse del control de la energía o mantienen al continente africano sumido en guerras fratricidas, hambre y miseria para poder rapiñar sus materias primas.
Denunciamos la vergüenza que supone ver cómo resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba por EEUU aprobadas por más del 90% de los países miembros son despreciadas. Que contemplan impasibles las agresiones de Israel contra el pueblo palestino, sometido durante décadas a una lenta limpieza étnica, o no obligan de una forma efectiva al Estado marroquí a cumplir la legalidad internacional y convocar el referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental.
Por eso los comunistas afrontamos este XVIII Congreso mirando hacia el futuro, implicándonos al máximo en la refundación de Izquierda Unida como referente de la izquierda anticapitalista y republicana. Pero, sobre todo, lo afrontamos con el objetivo de fortalecer una propuesta socialista para la España de inicios del siglo XXI. Lo hacemos en primer lugar situándonos en condiciones de dar a la lucha contra la crisis una dimensión transformadora y, en segundo lugar, dando la batalla ideológica frente al predominio de los valores del sistema capitalista. Ya que la primera derrota de la izquierda no ha sido la electoral, sino la que se desprende de la sustitución entre los trabajadores y trabajadoras de los valores de la solidaridad y lo colectivo por los del individualismo insolidario, haciendo del ser humano un consumidor en todos los ámbitos de la vida; el capitalismo más salvaje ha ganado una batalla.
Desde una cierta perspectiva histórica, la recuperación del PCE es una esperanza para quienes confían en que la recuperación de la izquierda en España es la única manera de evitar que la actual situación de crisis económica sea una excusa para dar una nueva vuelta de tuerca en la explotación de los más débiles, para eliminar derechos sociales y para aumentar los beneficios de unos pocos. Por eso, de este XVIII Congreso que celebramos, saldrá un PCE activo, visible con clara vocación de avanzar hacia el Socialismo y comprometidos con lo mejor de la tradición de unidad que nos enseñaron Pepe Díaz y Pasionaria.
José Luis Centella es secretario de Política Autonómica de IU
En esta situación, nos encontramos con un Gobierno que presenta unos Presupuestos que no sólo no cambian el modelo de desarrollo que nos ha llevado al desastre, sino que son pactados con la derecha nacionalista renunciando a una salida de izquierdas a la crisis, porque el PSOE se niega a plantear medidas realmente progresistas en el terreno fiscal o aumentar significativamente las inversiones públicas.Desde el Partido Comunista tenemos claro que quienes nos han llevado a esta situación de crisis –de forma muy especial el Partido Popular y sus políticas liberalizadoras, un modelo de desarrollo basado en el pelotazo urbanístico, la especulación financiera–, quienes se hacen valedores del sistema capitalista, no pueden sacarnos de una situación que ha provocado precisamente este sistema.
El neoliberalismo globalizado no tiene la voluntad de satisfacer las necesidades básicas de millones de seres humanos; el sistema capitalista no ha sabido o, mejor dicho, no ha querido resolver los problemas de la humanidad.Por ello es necesario un cambio de modelo de desarrollo, un cambio de valores; en definitiva hace falta un cambio de sociedad. Por ello, desde el PCE, frente a la crisis del capitalismo planteamos propuestas que avancen hacia una sociedad socialista.Hablar de construcción del socialismo en Europa en el año 2009 puede hoy parecer irreal, ilusorio, pero si pensamos lo que nos habría sucedido hace pocos años si planteamos la posibilidad de que un líder indígena gobernara Bolivia o que en la Latinoamérica llena de dictaduras militares y en pleno liberalismo salvaje se llevaran a cabo procesos claramente de anticapitalistas de poder popular, seguro que nos habrían tomado por locos.
La realidad es que hablar hoy de Socialismo, con mayúsculas y sin complejos, no sólo es posible, sino, sobre todo, empieza a ser creíble. Hablar hoy de una banca pública que ponga sus recursos al servicio de la comunidad, o plantear una planificación de la economía para evitar la rapiña que hemos sufrido en los últimos 15 años, hablar de recuperar un sector público potente que genere empleo sin buscar el pelotazo y que mejore y amplíe los servicios públicos, es simplemente plantear una salida a la crisis diferente a la que se plantea desde el PSOE, y radicalmente enfrentada con la que propone el PP, que es plantear directamente una salida de la crisis en la que los más débiles sean los beneficiados.
Una salida donde la palabra solidaridad cobre su verdadera dimensión, porque se basa en una justa distribución de la riqueza y plantea un modelo de sociedad en la que la justicia social sea el objetivo fundamental de la economía. Una salida que rechace un orden internacional basado en la sumisión de la mayoría de la población mundial a los intereses de unas multinacionales que provocan guerras para apropiarse del control de la energía o mantienen al continente africano sumido en guerras fratricidas, hambre y miseria para poder rapiñar sus materias primas.
Denunciamos la vergüenza que supone ver cómo resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba por EEUU aprobadas por más del 90% de los países miembros son despreciadas. Que contemplan impasibles las agresiones de Israel contra el pueblo palestino, sometido durante décadas a una lenta limpieza étnica, o no obligan de una forma efectiva al Estado marroquí a cumplir la legalidad internacional y convocar el referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental.
Por eso los comunistas afrontamos este XVIII Congreso mirando hacia el futuro, implicándonos al máximo en la refundación de Izquierda Unida como referente de la izquierda anticapitalista y republicana. Pero, sobre todo, lo afrontamos con el objetivo de fortalecer una propuesta socialista para la España de inicios del siglo XXI. Lo hacemos en primer lugar situándonos en condiciones de dar a la lucha contra la crisis una dimensión transformadora y, en segundo lugar, dando la batalla ideológica frente al predominio de los valores del sistema capitalista. Ya que la primera derrota de la izquierda no ha sido la electoral, sino la que se desprende de la sustitución entre los trabajadores y trabajadoras de los valores de la solidaridad y lo colectivo por los del individualismo insolidario, haciendo del ser humano un consumidor en todos los ámbitos de la vida; el capitalismo más salvaje ha ganado una batalla.
Desde una cierta perspectiva histórica, la recuperación del PCE es una esperanza para quienes confían en que la recuperación de la izquierda en España es la única manera de evitar que la actual situación de crisis económica sea una excusa para dar una nueva vuelta de tuerca en la explotación de los más débiles, para eliminar derechos sociales y para aumentar los beneficios de unos pocos. Por eso, de este XVIII Congreso que celebramos, saldrá un PCE activo, visible con clara vocación de avanzar hacia el Socialismo y comprometidos con lo mejor de la tradición de unidad que nos enseñaron Pepe Díaz y Pasionaria.
José Luis Centella es secretario de Política Autonómica de IU
jueves, 24 de septiembre de 2009
LA RECETA DEL PP DE REDUCCIÓN DE IM`PUESTOS
El bastión neoliberal de la UE se derrumba
La economía cae al 18% y, para evitar la bancarrota, se han cerrado 30 hospitales, los enfermos deberán alquilar a partir de ahora la cama en los centros públicos, el salario de los maestros se recorta a la mitad, el salario mínimo baja el 20% y las pensiones, el 10%. Todo junto. Y a las puertas del invierno.
No es la Argentina que quebró en 2001, aunque reputados economistas como Paul Krugman y Nouriel Roubini subrayan que se le parece mucho. Se trata de Letonia, en plena Unión Europea (UE) y en 2009. El laboratorio neoliberal europeo el único país de toda la UE donde el centro-izquierda no ha gobernado en los últimos 20 años, donde todos los asalariados pagan el mismo porcentaje de impuestos (flat-tax del 23%), donde las empresas apenas tienen tasas que asumir y el despido es en la práctica libre se ha derrumbado como ningún otro país ante la crisis mundial.
En Letonia, el centro-izquierda no ha gobernado en los últimos 20 años
"Espero no ponerme nunca enfermo de gravedad porque de lo contrario estoy perdido", ironiza sin perder la sonrisa Martin, de 27 años, mientras espera en la sala semidesértica del Hospital número 1 de Riga. Desde el 1 de septiembre, este hospital desvencijado y centenario, que ocupa una manzana entera en el centro de la capital, está prácticamente cerrado por falta de fondos.
En el primer semestre del año, el hospital trató a 14.000 pacientes en emergencias. Tras el gran recorte presupuestario acordado en verano para cumplir con el FMI y la UE, apenas le quedan fondos para 2.000 pacientes en todo el segundo semestre. Ya sólo abre un par de días por semana, en la penumbra y para emergencias. Y los enfermos saben que tendrán que pagar. Hay ambiente de funeral.
"No sé qué pasará este invierno, pero esto se derrumba", explica la doctora Arste Engle, que lamenta que no se emprendieran reformas antes. "Ahora cada hospital público que no cierre fijará sus propios precios para cada servicio y mucha gente no podrán pagar. ¿Se les dejará morir?", se pregunta.
Todos asalariado paga el mismo porcentaje de impuestos, el 23%
Imposiciones del FMI y laUE
La cama puede costar hasta 25 lats (35 euros) por noche en un hospital público, a lo que hay que sumar el coste de medicinas y tratamiento. Sólo la cama de un día equivale a la mitad de lo que percibe en todo un mes un parado que lleve más de 120 días sin trabajo.
Los recortes draconianos han sido impuestos por el FMI y la UE a cambio de créditos que desde diciembre han inyectado al país 3.000 millones de euros, equivalente al 40% del presupuesto público, y evitado la bancarrota.
En los años del boom, Letonia (como sus hermanos bálticos Estonia y Lituania, ahora también con caídas del PIB que rondan el 20%) creció en dobles dígitos. Muchos pusieron su modelo ultraliberal como ejemplo a seguir. Pero ya en 2007, antes del crash, Letonia, de 2,3 millones de habitantes, era el país de la UE con más población en riesgo de pobreza: el 21% del total, según Eurostat.
La ayuda internacional trata de evitar que se hunda la moneda nacional (lat) porque entonces contagiaría quizá mortalmente a Suecia, cuyos bancos dominan el mercado báltico y lo han sembrado de créditos en euros. "Al no poder devaluar, sólo queda la posibilidad de una devaluación interior", explica una asesora del primer ministro, el liberal Valdis Dombrovskis, que llegó al Gobierno en marzo. Traducción: el presupuesto tiene que reducirse de forma abrupta. El plan prevé que en 2011 sea un 30% inferior al aprobado inicialmente para 2009.
"La situación es excepcional y todos aceptamos que hay que recortar, pero no aprobamos ni las prioridades ni los métodos del Gobierno", explica la vicepresidenta de la principal confederación sindical (LBAS) Livija Marcinkevica, quien añade: "Los sindicatos sólo firmamos el pacto porque, de lo contrario, el FMI no otorgaba el crédito".
¿Y cómo es posible que con semejantes recortes sociales los sindicatos no estén en la calle? "Lo intentamos, pero nuestra gente es demasiado prudente. Así es nuestro carácter nacional: creen que es mejor tener paciencia", añade Marcinkevica, resignada.
La crisis ha insuflado algo de vida al opositor Centro Harmónico, cuyo principal componente dice ser socialdemócrata, aunque hasta ahora representaba sobre todo los intereses de la minoría rusa. Su líder, Nils Usakovs, de 37 años y flamante alcalde de Riga, está convencido de que "por fin se están empezando a romper los estereotipos de muchos años que vinculaban la ocupación soviética con el comunismo y con toda idea de izquierda".
La economía cae al 18% y, para evitar la bancarrota, se han cerrado 30 hospitales, los enfermos deberán alquilar a partir de ahora la cama en los centros públicos, el salario de los maestros se recorta a la mitad, el salario mínimo baja el 20% y las pensiones, el 10%. Todo junto. Y a las puertas del invierno.
No es la Argentina que quebró en 2001, aunque reputados economistas como Paul Krugman y Nouriel Roubini subrayan que se le parece mucho. Se trata de Letonia, en plena Unión Europea (UE) y en 2009. El laboratorio neoliberal europeo el único país de toda la UE donde el centro-izquierda no ha gobernado en los últimos 20 años, donde todos los asalariados pagan el mismo porcentaje de impuestos (flat-tax del 23%), donde las empresas apenas tienen tasas que asumir y el despido es en la práctica libre se ha derrumbado como ningún otro país ante la crisis mundial.
En Letonia, el centro-izquierda no ha gobernado en los últimos 20 años
"Espero no ponerme nunca enfermo de gravedad porque de lo contrario estoy perdido", ironiza sin perder la sonrisa Martin, de 27 años, mientras espera en la sala semidesértica del Hospital número 1 de Riga. Desde el 1 de septiembre, este hospital desvencijado y centenario, que ocupa una manzana entera en el centro de la capital, está prácticamente cerrado por falta de fondos.
En el primer semestre del año, el hospital trató a 14.000 pacientes en emergencias. Tras el gran recorte presupuestario acordado en verano para cumplir con el FMI y la UE, apenas le quedan fondos para 2.000 pacientes en todo el segundo semestre. Ya sólo abre un par de días por semana, en la penumbra y para emergencias. Y los enfermos saben que tendrán que pagar. Hay ambiente de funeral.
"No sé qué pasará este invierno, pero esto se derrumba", explica la doctora Arste Engle, que lamenta que no se emprendieran reformas antes. "Ahora cada hospital público que no cierre fijará sus propios precios para cada servicio y mucha gente no podrán pagar. ¿Se les dejará morir?", se pregunta.
Todos asalariado paga el mismo porcentaje de impuestos, el 23%
Imposiciones del FMI y laUE
La cama puede costar hasta 25 lats (35 euros) por noche en un hospital público, a lo que hay que sumar el coste de medicinas y tratamiento. Sólo la cama de un día equivale a la mitad de lo que percibe en todo un mes un parado que lleve más de 120 días sin trabajo.
Los recortes draconianos han sido impuestos por el FMI y la UE a cambio de créditos que desde diciembre han inyectado al país 3.000 millones de euros, equivalente al 40% del presupuesto público, y evitado la bancarrota.
En los años del boom, Letonia (como sus hermanos bálticos Estonia y Lituania, ahora también con caídas del PIB que rondan el 20%) creció en dobles dígitos. Muchos pusieron su modelo ultraliberal como ejemplo a seguir. Pero ya en 2007, antes del crash, Letonia, de 2,3 millones de habitantes, era el país de la UE con más población en riesgo de pobreza: el 21% del total, según Eurostat.
La ayuda internacional trata de evitar que se hunda la moneda nacional (lat) porque entonces contagiaría quizá mortalmente a Suecia, cuyos bancos dominan el mercado báltico y lo han sembrado de créditos en euros. "Al no poder devaluar, sólo queda la posibilidad de una devaluación interior", explica una asesora del primer ministro, el liberal Valdis Dombrovskis, que llegó al Gobierno en marzo. Traducción: el presupuesto tiene que reducirse de forma abrupta. El plan prevé que en 2011 sea un 30% inferior al aprobado inicialmente para 2009.
"La situación es excepcional y todos aceptamos que hay que recortar, pero no aprobamos ni las prioridades ni los métodos del Gobierno", explica la vicepresidenta de la principal confederación sindical (LBAS) Livija Marcinkevica, quien añade: "Los sindicatos sólo firmamos el pacto porque, de lo contrario, el FMI no otorgaba el crédito".
¿Y cómo es posible que con semejantes recortes sociales los sindicatos no estén en la calle? "Lo intentamos, pero nuestra gente es demasiado prudente. Así es nuestro carácter nacional: creen que es mejor tener paciencia", añade Marcinkevica, resignada.
La crisis ha insuflado algo de vida al opositor Centro Harmónico, cuyo principal componente dice ser socialdemócrata, aunque hasta ahora representaba sobre todo los intereses de la minoría rusa. Su líder, Nils Usakovs, de 37 años y flamante alcalde de Riga, está convencido de que "por fin se están empezando a romper los estereotipos de muchos años que vinculaban la ocupación soviética con el comunismo y con toda idea de izquierda".
IMPUESTOS
22-09-2009
Impuestos y socialdemocracia
Vicenç Navarro
Me parece sorprendente que algunas voces del Gobierno socialista español hayan expresado repetidamente su satisfacción porque España sea el país que tenga una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea. Entendería que un dirigente de un partido liberal hiciera esta declaración. Pero admito que no lo entiendo en un dirigente de una formación política que se define como socialdemócrata. Y lo que todavía entiendo menos es que el motivo de satisfacción no sólo sea el hecho de que la presión fiscal sea de las más bajas de la Unión Europea, sino que se enorgullezca de que haya descendido durante el mandato del Gobierno socialista. La causa de mi sorpresa es que la socialdemocracia en Europa se ha caracterizado, precisamente, por haber aumentado la presión fiscal con el fin de expandir y enriquecer las transferencias y los servicios públicos del Estado de Bienestar que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de toda la ciudadanía y muy en particular la de las clases populares, base tradicional de la socialdemocracia. Los datos son claros y convincentes. A mayor fuerza la socialdemocracia (e incluyo bajo este nombre todos aquellos partidos de centroizquierda e izquierda, llámense como se llamen –socialistas, socialdemócratas, laboristas o eurocomunistas- que están comprometidos en un proyecto de enriquecer la calidad de vida de la población, y muy en particular de las clases populares, a base de políticas redistributivas encaminadas a reducir las desigualdades sociales y la discriminación y explotación que las sustenta), mayor desarrollo del gasto público, incluyendo el gasto público social, mayor extensión del Estado del Bienestar y menores desigualdades. Partidos socialdemócratas o coaliciones de partidos socialdemócratas han gobernado aquellos países por mucho tiempo durante el periodo 1950-2000. Suecia (45 años), Noruega (39 años), Dinamarca (35 años), Finlandia (32 años) y Austria (31 años). El promedio de gasto público social en este grupo de países es el 30%, y su carga fiscal representa un 52% del PIB. Son los países que tienen menos desigualdades sociales y están entre los que tienen índices de mayor calidad de vida. Y tienen economías altamente eficientes. Sus tasas de desempleo están entre las más bajas de la OCDE y de la UE.En el otro polo están los países de tradición anglosajona liberal (EEUU, Gran Bretaña e Irlanda), en los que la socialdemocracia ha sido históricamente débil, habiendo estado gobernados la mayoría del tiempo por partidos conservadores de orientación liberal. Su gasto público social, como promedio del grupo, es de los más bajos de los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), sólo un 24% del PIB, su carga fiscal es sólo un 36%, y tienen las desigualdades sociales más elevadas, con bajos indicadores de calidad de vida. Los países del sur de Europa (España, Grecia y Portugal), son países que han sido gobernados en la mayoría de aquel periodo (en su primera parte del periodo) por regimenes fascistas o fascistoides y que heredaron Estados del Bienestar enormemente subdesarrollados y con enormes desigualdades sociales. Este subdesarrollo fue corrigiéndose durante la última etapa de aquel periodo, consecuencia de haberse establecido sistemas democráticos, aunque todavía tienen un gran retraso, poniéndolos incluso por debajo (o al mismo nivel) que algunos países liberales en su escaso gasto social. Todos ellos tienen grandes desigualdades sociales (ver Navarro, V. (ed.) Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood. 2008, y sección Economía política y Neoliberalismo, en www.vnavarro.org). En realidad, España continúa teniendo uno de los estados del bienestar menos desarrollados de la UE, e incluso de la UE-15 (que son los países de la UE de semejante desarrollo económico al español). Se mire como se mire, el gasto público social español es de los más bajos de la UE-15. El gasto público social por habitante (4.663 unidades de poder de compra), el gasto público social como porcentaje del PIB (20,3%), el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del estado de bienestar (escuelas, sanidad, servicios de dependencia, escuelas de infancia, entre otros, 11%) son mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (6.737 upc, 27% y 16%, respectivamente) siendo uno de los más bajos de la UE-15. Estos datos muestran que después de treinta años en democracia continuamos estando a la cola de la Europa Social. Y un factor muy importante que explica este retraso es la subfinanciación del Estado, incluyendo su Estado de Bienestar, que es a su vez resultado de la baja presión fiscal. De ahí que estar satisfecho de tener una baja presión fiscal implica que estamos satisfechos de estar muy retrasados en nuestro Estado Social, lo cual no deja de ser sorprendente e incoherente en un socialdemócrata.IMPUESTOS Y DÉFICIT DEL ESTADOLos datos que acabo de presentan explican mi sorpresa y preocupación cuando leí que algunas voces del partido socialdemócrata expresaron su orgullo porque teníamos la carga fiscal más baja de la UE-15. Esta preocupación se diluyó algo cuando leí que, por fin, iban a subir los impuestos. Pensé que por fin iban a intentar reducir el déficit social en España (que es nada menos que de 70.000 millones de euros), tal como, por cierto, consta en su programa electoral. Pero me equivoqué. Inmediatamente leí que esta subida de impuestos se debía al deseo de reducir el déficit del Estado, que llegaría al 10% del PIB. No sólo me entristecí, sino que me alarmé, puesto que lo que no debe nunca hacerse ahora, en una gran recesión, cuando el desempleo llegará al 20%, es disminuir el déficit del Estado. Esto lo hizo Franklin D. Roosevelt al inicio de la recuperación económica durante la Gran Depresión, y retrasó enormemente la recuperación económica. España está todavía en una gran recesión, y no saldrá de ella a no ser que haya un gran aumento de la demanda interna, ligada al aumento del gasto público sostenido por un largo déficit. Es ilusorio creerse que este necesario incremento de la demanda interna lo vaya a resolver una bajada de impuestos tal como propone la derecha liberal española (el PP y CIU). La población está enormemente endeudada y la bajada de impuestos la utilizará predominantemente para pagar sus deudas. La evidencia de ello es abrumadora. De ahí que las propuestas de recuperación del PP y CIU reflejadas en sus documentos económicos son profundamente erróneas. Creer que la crisis enorme que estamos viviendo se puede resolver a base de expandir, todavía más, las políticas liberales, es haber perdido toda conexión con la realidad económica que nos rodea. Pero esta visión liberal aparece también en la Comisión Europea y en su comisariado de Asuntos Económicos, que está presionando a los países para que reduzcan su déficit. En realidad, el déficit debería aumentar más, a fin de estimular la economía (cuya tasa de crecimiento es negativa) a base de nuevas inversiones públicas (no sólo en infraestructuras y comunicación sino, sobre todo, en servicios públicos y nuevas energías creadoras de empleo) que deberían alcanzar hasta un 5% del PIB, como ha ocurrido en EEUU (el país que saldrá primero de la crisis). Bajar el déficit quiere decir bajar el estímulo económico. Y bajar la carga fiscal quiere decir bajar el gasto público y con ello la inversión y estímulo económico, precisamente lo contrario que debería hacerse. ¿SON LOS IMPUESTOS IMPOPULARES?Ya sé que me dirán que un político tiene que ser consciente de que subir los impuestos es muy impopular, lo cual no es necesariamente cierto. Depende de quien es el que paga los impuestos y para qué fines. Le aseguro al lector que si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted a favor de subir los impuestos a fin de reducir el déficit del Estado?”. La respuesta será, por gran mayoría, un no. En cambio, si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted de acuerdo en que la gente más rica del país (digamos las tres decilas superiores del país) pague más impuestos para mejorar la sanidad pública (o la escuela pública, o las escuelas de infancia, o los servicios domiciliarios, o la vivienda social, o las pensiones)?” la respuesta sería abrumadoramente positiva. No se ha hecho tal pregunta en España, pero se ha hecho en EEUU y la gran mayoría ha respondido afirmativamente, mayoría que alcanza niveles por encima del 80% entre las clases populares. Ni que decir tiene que a mayor renta, menos entusiasmo por el incremento de impuestos. Es lógico que el 30% de renta superior del país (que incluye los creadores de opinión) sea reacio a la subida de impuestos. Pero no así la mayoría de la población, que sí la favorecen en caso de que tales impuestos vayan a cubrir tales déficits sociales. Por cierto, este apoyo mayoritario se mantiene cuando el objetivo de la subida de impuestos es crear empleo, como ha estado ocurriendo con el programa de estímulo económico de la Administración Obama. No así las rentas más superiores, que son las que proporcionalmente pagan más impuestos y quedan menos afectadas por los déficits de gasto público social al utilizar menos los servicios públicos. De ahí que se opongan, utilizando improperios para definir tales medidas redistributivas como “demagógicas”, “anticuadas”, “imitación de Robin Hood”, y otros insultos a la usanza de las derechas cuando las izquierdas piden que se redistribuyan los recursosEl aumento de la presión fiscal progresiva es necesario no sólo para reducir el déficit del Estado del Bienestar, sino también para incrementar el gasto público y estimular la economía (objetivos, en sí, necesarios) y también para redistribuir la renta excesivamente polarizada en nuestro país. España continúa siendo uno de los países con mayores desigualdades sociales. La disminución de las rentas del trabajo ha creado un gran problema de insuficiente demanda y excesivo endeudamiento, mientras que las exuberantes plusvalías de las rentas del capital, invertidas en actividades especulativas, han llevado al desastre financiero. De ahí que sea necesario revertir esta enorme polarización social, causa de la Gran Depresión en el siglo XX y de la Gran Recesión ahora. Como bien dijo el Presidente Franklin D. Roosevelt, “hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riqueza, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora sabemos que es también un mal económico”. Sería de desear que el Gobierno español, que se autodefine como socialdemócrata, actuara consecuentemente y viera que Roosevelt llevaba razón.
Impuestos y socialdemocracia
Vicenç Navarro
Me parece sorprendente que algunas voces del Gobierno socialista español hayan expresado repetidamente su satisfacción porque España sea el país que tenga una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea. Entendería que un dirigente de un partido liberal hiciera esta declaración. Pero admito que no lo entiendo en un dirigente de una formación política que se define como socialdemócrata. Y lo que todavía entiendo menos es que el motivo de satisfacción no sólo sea el hecho de que la presión fiscal sea de las más bajas de la Unión Europea, sino que se enorgullezca de que haya descendido durante el mandato del Gobierno socialista. La causa de mi sorpresa es que la socialdemocracia en Europa se ha caracterizado, precisamente, por haber aumentado la presión fiscal con el fin de expandir y enriquecer las transferencias y los servicios públicos del Estado de Bienestar que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de toda la ciudadanía y muy en particular la de las clases populares, base tradicional de la socialdemocracia. Los datos son claros y convincentes. A mayor fuerza la socialdemocracia (e incluyo bajo este nombre todos aquellos partidos de centroizquierda e izquierda, llámense como se llamen –socialistas, socialdemócratas, laboristas o eurocomunistas- que están comprometidos en un proyecto de enriquecer la calidad de vida de la población, y muy en particular de las clases populares, a base de políticas redistributivas encaminadas a reducir las desigualdades sociales y la discriminación y explotación que las sustenta), mayor desarrollo del gasto público, incluyendo el gasto público social, mayor extensión del Estado del Bienestar y menores desigualdades. Partidos socialdemócratas o coaliciones de partidos socialdemócratas han gobernado aquellos países por mucho tiempo durante el periodo 1950-2000. Suecia (45 años), Noruega (39 años), Dinamarca (35 años), Finlandia (32 años) y Austria (31 años). El promedio de gasto público social en este grupo de países es el 30%, y su carga fiscal representa un 52% del PIB. Son los países que tienen menos desigualdades sociales y están entre los que tienen índices de mayor calidad de vida. Y tienen economías altamente eficientes. Sus tasas de desempleo están entre las más bajas de la OCDE y de la UE.En el otro polo están los países de tradición anglosajona liberal (EEUU, Gran Bretaña e Irlanda), en los que la socialdemocracia ha sido históricamente débil, habiendo estado gobernados la mayoría del tiempo por partidos conservadores de orientación liberal. Su gasto público social, como promedio del grupo, es de los más bajos de los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), sólo un 24% del PIB, su carga fiscal es sólo un 36%, y tienen las desigualdades sociales más elevadas, con bajos indicadores de calidad de vida. Los países del sur de Europa (España, Grecia y Portugal), son países que han sido gobernados en la mayoría de aquel periodo (en su primera parte del periodo) por regimenes fascistas o fascistoides y que heredaron Estados del Bienestar enormemente subdesarrollados y con enormes desigualdades sociales. Este subdesarrollo fue corrigiéndose durante la última etapa de aquel periodo, consecuencia de haberse establecido sistemas democráticos, aunque todavía tienen un gran retraso, poniéndolos incluso por debajo (o al mismo nivel) que algunos países liberales en su escaso gasto social. Todos ellos tienen grandes desigualdades sociales (ver Navarro, V. (ed.) Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood. 2008, y sección Economía política y Neoliberalismo, en www.vnavarro.org). En realidad, España continúa teniendo uno de los estados del bienestar menos desarrollados de la UE, e incluso de la UE-15 (que son los países de la UE de semejante desarrollo económico al español). Se mire como se mire, el gasto público social español es de los más bajos de la UE-15. El gasto público social por habitante (4.663 unidades de poder de compra), el gasto público social como porcentaje del PIB (20,3%), el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del estado de bienestar (escuelas, sanidad, servicios de dependencia, escuelas de infancia, entre otros, 11%) son mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (6.737 upc, 27% y 16%, respectivamente) siendo uno de los más bajos de la UE-15. Estos datos muestran que después de treinta años en democracia continuamos estando a la cola de la Europa Social. Y un factor muy importante que explica este retraso es la subfinanciación del Estado, incluyendo su Estado de Bienestar, que es a su vez resultado de la baja presión fiscal. De ahí que estar satisfecho de tener una baja presión fiscal implica que estamos satisfechos de estar muy retrasados en nuestro Estado Social, lo cual no deja de ser sorprendente e incoherente en un socialdemócrata.IMPUESTOS Y DÉFICIT DEL ESTADOLos datos que acabo de presentan explican mi sorpresa y preocupación cuando leí que algunas voces del partido socialdemócrata expresaron su orgullo porque teníamos la carga fiscal más baja de la UE-15. Esta preocupación se diluyó algo cuando leí que, por fin, iban a subir los impuestos. Pensé que por fin iban a intentar reducir el déficit social en España (que es nada menos que de 70.000 millones de euros), tal como, por cierto, consta en su programa electoral. Pero me equivoqué. Inmediatamente leí que esta subida de impuestos se debía al deseo de reducir el déficit del Estado, que llegaría al 10% del PIB. No sólo me entristecí, sino que me alarmé, puesto que lo que no debe nunca hacerse ahora, en una gran recesión, cuando el desempleo llegará al 20%, es disminuir el déficit del Estado. Esto lo hizo Franklin D. Roosevelt al inicio de la recuperación económica durante la Gran Depresión, y retrasó enormemente la recuperación económica. España está todavía en una gran recesión, y no saldrá de ella a no ser que haya un gran aumento de la demanda interna, ligada al aumento del gasto público sostenido por un largo déficit. Es ilusorio creerse que este necesario incremento de la demanda interna lo vaya a resolver una bajada de impuestos tal como propone la derecha liberal española (el PP y CIU). La población está enormemente endeudada y la bajada de impuestos la utilizará predominantemente para pagar sus deudas. La evidencia de ello es abrumadora. De ahí que las propuestas de recuperación del PP y CIU reflejadas en sus documentos económicos son profundamente erróneas. Creer que la crisis enorme que estamos viviendo se puede resolver a base de expandir, todavía más, las políticas liberales, es haber perdido toda conexión con la realidad económica que nos rodea. Pero esta visión liberal aparece también en la Comisión Europea y en su comisariado de Asuntos Económicos, que está presionando a los países para que reduzcan su déficit. En realidad, el déficit debería aumentar más, a fin de estimular la economía (cuya tasa de crecimiento es negativa) a base de nuevas inversiones públicas (no sólo en infraestructuras y comunicación sino, sobre todo, en servicios públicos y nuevas energías creadoras de empleo) que deberían alcanzar hasta un 5% del PIB, como ha ocurrido en EEUU (el país que saldrá primero de la crisis). Bajar el déficit quiere decir bajar el estímulo económico. Y bajar la carga fiscal quiere decir bajar el gasto público y con ello la inversión y estímulo económico, precisamente lo contrario que debería hacerse. ¿SON LOS IMPUESTOS IMPOPULARES?Ya sé que me dirán que un político tiene que ser consciente de que subir los impuestos es muy impopular, lo cual no es necesariamente cierto. Depende de quien es el que paga los impuestos y para qué fines. Le aseguro al lector que si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted a favor de subir los impuestos a fin de reducir el déficit del Estado?”. La respuesta será, por gran mayoría, un no. En cambio, si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted de acuerdo en que la gente más rica del país (digamos las tres decilas superiores del país) pague más impuestos para mejorar la sanidad pública (o la escuela pública, o las escuelas de infancia, o los servicios domiciliarios, o la vivienda social, o las pensiones)?” la respuesta sería abrumadoramente positiva. No se ha hecho tal pregunta en España, pero se ha hecho en EEUU y la gran mayoría ha respondido afirmativamente, mayoría que alcanza niveles por encima del 80% entre las clases populares. Ni que decir tiene que a mayor renta, menos entusiasmo por el incremento de impuestos. Es lógico que el 30% de renta superior del país (que incluye los creadores de opinión) sea reacio a la subida de impuestos. Pero no así la mayoría de la población, que sí la favorecen en caso de que tales impuestos vayan a cubrir tales déficits sociales. Por cierto, este apoyo mayoritario se mantiene cuando el objetivo de la subida de impuestos es crear empleo, como ha estado ocurriendo con el programa de estímulo económico de la Administración Obama. No así las rentas más superiores, que son las que proporcionalmente pagan más impuestos y quedan menos afectadas por los déficits de gasto público social al utilizar menos los servicios públicos. De ahí que se opongan, utilizando improperios para definir tales medidas redistributivas como “demagógicas”, “anticuadas”, “imitación de Robin Hood”, y otros insultos a la usanza de las derechas cuando las izquierdas piden que se redistribuyan los recursosEl aumento de la presión fiscal progresiva es necesario no sólo para reducir el déficit del Estado del Bienestar, sino también para incrementar el gasto público y estimular la economía (objetivos, en sí, necesarios) y también para redistribuir la renta excesivamente polarizada en nuestro país. España continúa siendo uno de los países con mayores desigualdades sociales. La disminución de las rentas del trabajo ha creado un gran problema de insuficiente demanda y excesivo endeudamiento, mientras que las exuberantes plusvalías de las rentas del capital, invertidas en actividades especulativas, han llevado al desastre financiero. De ahí que sea necesario revertir esta enorme polarización social, causa de la Gran Depresión en el siglo XX y de la Gran Recesión ahora. Como bien dijo el Presidente Franklin D. Roosevelt, “hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riqueza, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora sabemos que es también un mal económico”. Sería de desear que el Gobierno español, que se autodefine como socialdemócrata, actuara consecuentemente y viera que Roosevelt llevaba razón.
domingo, 28 de junio de 2009
PRESIDENTES BANCOS CENTRALES
28-06-2009
Trichet, MAFO y los demás: ¿hasta cuándo?
Juan Torres López
Sistema Digital
Un estudio de Consultores de Gobierno Corporativo (CGC) señalaba que a finales de 2006 diez familias y una veintena de empresarios (la mayoría de las cuales se enriquecieron o consolidaron su riqueza durante el franquismo) tenían en esa fecha bajo su control a 19 de las 35 mayores empresas cotizadas en España y eran propietarios del 20,14% de su capital. Según el profesor Iago Santos, una pequeña elite que representa el 0,0035% de la población española controla recursos que equivalen al 80,5% del PIB. Un control que no solo le permite tener las retribuciones más altas de Europa como miembros de los consejos de administración sino también, y sobre todo, influir muy directa y decisivamente en las decisiones gubernamentales que les afectan.
Esas personas y grupos tienen muy claro lo que desean y por lo que deben luchar en cada momento y mucho más ahora que hay que hacer frente a una crisis que en gran medida han provocado ellos mismos.
Ahora tratan de presionar al máximo para lograr tres grandes objetivos. El primero, establecer reformas en la legislación laboral que les den más libertad, que les permitan reducir costes y que debiliten aún más a los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales. El segundo, avanzar, o incluso llegar a establecer si tienen fuerza suficiente, un sistema de capitalización privado que sustituya al actual modelo de reparto de las pensiones públicas. Y, finalmente, disminuir genéricamente la capacidad de maniobra de los gobiernos para seguir desplazando el poder de decisión sobre cuestiones económicas hacia espacios e instituciones no representativas en las que lógicamente pueden influir más cómoda y eficazmente.
Para defender esa estrategia tienen medios de comunicación, periodistas, organizaciones sociales y empresariales, profesores, economistas y políticos que constantemente se encargan de propagar las ideas que les interesa poner en práctica y entre los que ocupan una posición privilegiada los directivos de los bancos centrales con sus gobernadores al frente.
El papel de estos últimos es fundamental porque, gracias precisamente a ese poder mediático, tienen fama de autoridades objetivas e independientes, lo que les permite defender esas mismas propuestas ante la población como si fueran sabios y neutrales portadores de las ideas objetivas y científicas que sin duda conviene aplicar al conjunto de la sociedad.
Lo hemos visto claramente en los últimos meses y lo seguiremos viendo de forma cada vez más evidente en el futuro próximo: el gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, reclaman constantemente esas tres medidas centrándose en los últimos días de forma coincidente en la reforma laboral.
Frente a la prepotencia con la que se dirigen a los ciudadanos, es necesario que éstos sepan que las propuestas que hacen los gobernadores son el resultado de sus posiciones ideológicas y no de verdades científicas que puedan considerarse, como ellos las presentan, inexorables o indiscutibles.
Deben saber asimismo que las instituciones a las que representan no son precisamente el templo del saber objetivo, como quieren hacer creer, y que los informes que elaboran no son tampoco el mejor ejemplo de independencia, libertad de pensamiento y pluralidad. Los bancos centrales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se han consolidado como instrumentos al servicio de los grandes poderes económicos y financieros en donde se coopta a sus profesionales con criterios ideológicos y en donde se ha marginado y se margina hasta la extenuación a quienes no suscriben los postulados liberales.
Y es necesario que sepan, además, que esa ideología liberal de la que parten sus proposiciones es especialmente irrealista y errónea.
La mejor y más definitiva prueba de ello es comprobar hasta qué punto se han venido equivocando y se equivocan en sus análisis y predicciones y en qué medida tan evidente han adoptado medidas que han provocado los problema financieros que padecemos en lugar de resolverlos.
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales deberían haber tomado medidas para evitar la insolvencia generalizada a la que dado lugar el irresponsable comportamiento de los bancos y no lo hicieron. Deberían haber previsto la crisis que iba a provocar la ingente acumulación de riesgo y no lo hicieron, actuaron tarde y el sistema financiero ha paralizado la economía real sin que hayan sido capaces de evitarlo. Deberían haber adoptado medidas en España para que el dinero de los bancos no se dedicara a financiar una burbuja inmobiliaria y miraron a otro lado.
Y ahora, en lugar, de hacer frente con decisión a las reformas financieras que pudieran impedir en el futuro que los banqueros vuelvan a llevar a la ruina a la economía, se dedican a proponer reformas laborales o del sistema de pensiones que, en realidad, solo podrían conseguir que los grupos privilegiados disfruten de mayores beneficios.
Los ciudadanos tienen que saber que las propuestas ideologizadas del gobernador del Banco de España no le convienen a la inmensa mayoría de la población y que, además, no inciden en los verdaderos problemas de la economía española.
Los problemas del mercado de trabajo español, que crea mucho empleo en épocas de crecimiento pero tan precario que enseguida lo destruye cuando se ralentiza el crecimiento, no se resuelven disminuyendo los salarios, eliminando derechos laborales o aumentando el poder de negociación de las empresas. Así, como proponen los grupos oligárquicos de los que actúa como vocero el gobernador, lo que se logra es consolidar un modelo de competitividad basada en la mano de obra barata que está condenado al fracaso, no solo porque nos empobrece cada vez más sino porque siempre habrá otro países que pueda situarse por debajo de nuestros niveles salariales.
¿Por qué no dice el gobernador que nuestra productividad lleva estancada quince años y de que para salir de esa situación lo que se necesita es un capital humano más preparado, más capital social y mejores infraestructuras que requieren más gasto público, como nos demuestra la experiencia de los países más avanzados que el nuestro? ¿No le resulta significativo al gobernador que el país que más empleo destruye sea justamente el único de la OCDE en donde bajaron los salarios reales de 1995 a 2005? ¿Por qué no habla Ordóñez de que las exportaciones de alta tecnología española solo representaban en 2006 el 4,96% del total, frente al 16,65% de la UE-27 y que para darle la vuelta ese problema habría que multiplicar el gasto en educación y en I+D+i? ¿Y cómo es que el gobernador no cae en la cuenta de que los países europeos más competitivos tienen una flexibilidad que no es precisamente la que aquí se propone y mucha más protección social? Como mira a otro lado no puede preocuparse, qué casualidad, de que nuestra tasa de abandono escolar sea caso tres veces más alta que la de la U-27, lo que sí constituye un lastre decisivo para nuestro mercado laboral, o de que nuestro porcentaje de gasto en protección social, cuya suficiencia sería fundamental para reformar sin pérdida de bienestar el mercado de trabajo, esté a seis puntos de dicha media?
Los ciudadanos deben saber todo esto para ser conscientes de los intereses a los que sirven los gobernadores y directivos de los bancos centrales. Deben saber que no son autoridades objetivas e independientes sino que en la práctica actúan como empleados de los grandes banqueros y empresarios y por eso es habitual, como ocurre en España, que después de hacerles la tarea terminen en sus consejos de administración o como dirigentes de la patronal bancaria.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Su web personal: http://www.juantorrreslopez.com
Trichet, MAFO y los demás: ¿hasta cuándo?
Juan Torres López
Sistema Digital
Un estudio de Consultores de Gobierno Corporativo (CGC) señalaba que a finales de 2006 diez familias y una veintena de empresarios (la mayoría de las cuales se enriquecieron o consolidaron su riqueza durante el franquismo) tenían en esa fecha bajo su control a 19 de las 35 mayores empresas cotizadas en España y eran propietarios del 20,14% de su capital. Según el profesor Iago Santos, una pequeña elite que representa el 0,0035% de la población española controla recursos que equivalen al 80,5% del PIB. Un control que no solo le permite tener las retribuciones más altas de Europa como miembros de los consejos de administración sino también, y sobre todo, influir muy directa y decisivamente en las decisiones gubernamentales que les afectan.
Esas personas y grupos tienen muy claro lo que desean y por lo que deben luchar en cada momento y mucho más ahora que hay que hacer frente a una crisis que en gran medida han provocado ellos mismos.
Ahora tratan de presionar al máximo para lograr tres grandes objetivos. El primero, establecer reformas en la legislación laboral que les den más libertad, que les permitan reducir costes y que debiliten aún más a los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales. El segundo, avanzar, o incluso llegar a establecer si tienen fuerza suficiente, un sistema de capitalización privado que sustituya al actual modelo de reparto de las pensiones públicas. Y, finalmente, disminuir genéricamente la capacidad de maniobra de los gobiernos para seguir desplazando el poder de decisión sobre cuestiones económicas hacia espacios e instituciones no representativas en las que lógicamente pueden influir más cómoda y eficazmente.
Para defender esa estrategia tienen medios de comunicación, periodistas, organizaciones sociales y empresariales, profesores, economistas y políticos que constantemente se encargan de propagar las ideas que les interesa poner en práctica y entre los que ocupan una posición privilegiada los directivos de los bancos centrales con sus gobernadores al frente.
El papel de estos últimos es fundamental porque, gracias precisamente a ese poder mediático, tienen fama de autoridades objetivas e independientes, lo que les permite defender esas mismas propuestas ante la población como si fueran sabios y neutrales portadores de las ideas objetivas y científicas que sin duda conviene aplicar al conjunto de la sociedad.
Lo hemos visto claramente en los últimos meses y lo seguiremos viendo de forma cada vez más evidente en el futuro próximo: el gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, reclaman constantemente esas tres medidas centrándose en los últimos días de forma coincidente en la reforma laboral.
Frente a la prepotencia con la que se dirigen a los ciudadanos, es necesario que éstos sepan que las propuestas que hacen los gobernadores son el resultado de sus posiciones ideológicas y no de verdades científicas que puedan considerarse, como ellos las presentan, inexorables o indiscutibles.
Deben saber asimismo que las instituciones a las que representan no son precisamente el templo del saber objetivo, como quieren hacer creer, y que los informes que elaboran no son tampoco el mejor ejemplo de independencia, libertad de pensamiento y pluralidad. Los bancos centrales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se han consolidado como instrumentos al servicio de los grandes poderes económicos y financieros en donde se coopta a sus profesionales con criterios ideológicos y en donde se ha marginado y se margina hasta la extenuación a quienes no suscriben los postulados liberales.
Y es necesario que sepan, además, que esa ideología liberal de la que parten sus proposiciones es especialmente irrealista y errónea.
La mejor y más definitiva prueba de ello es comprobar hasta qué punto se han venido equivocando y se equivocan en sus análisis y predicciones y en qué medida tan evidente han adoptado medidas que han provocado los problema financieros que padecemos en lugar de resolverlos.
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales deberían haber tomado medidas para evitar la insolvencia generalizada a la que dado lugar el irresponsable comportamiento de los bancos y no lo hicieron. Deberían haber previsto la crisis que iba a provocar la ingente acumulación de riesgo y no lo hicieron, actuaron tarde y el sistema financiero ha paralizado la economía real sin que hayan sido capaces de evitarlo. Deberían haber adoptado medidas en España para que el dinero de los bancos no se dedicara a financiar una burbuja inmobiliaria y miraron a otro lado.
Y ahora, en lugar, de hacer frente con decisión a las reformas financieras que pudieran impedir en el futuro que los banqueros vuelvan a llevar a la ruina a la economía, se dedican a proponer reformas laborales o del sistema de pensiones que, en realidad, solo podrían conseguir que los grupos privilegiados disfruten de mayores beneficios.
Los ciudadanos tienen que saber que las propuestas ideologizadas del gobernador del Banco de España no le convienen a la inmensa mayoría de la población y que, además, no inciden en los verdaderos problemas de la economía española.
Los problemas del mercado de trabajo español, que crea mucho empleo en épocas de crecimiento pero tan precario que enseguida lo destruye cuando se ralentiza el crecimiento, no se resuelven disminuyendo los salarios, eliminando derechos laborales o aumentando el poder de negociación de las empresas. Así, como proponen los grupos oligárquicos de los que actúa como vocero el gobernador, lo que se logra es consolidar un modelo de competitividad basada en la mano de obra barata que está condenado al fracaso, no solo porque nos empobrece cada vez más sino porque siempre habrá otro países que pueda situarse por debajo de nuestros niveles salariales.
¿Por qué no dice el gobernador que nuestra productividad lleva estancada quince años y de que para salir de esa situación lo que se necesita es un capital humano más preparado, más capital social y mejores infraestructuras que requieren más gasto público, como nos demuestra la experiencia de los países más avanzados que el nuestro? ¿No le resulta significativo al gobernador que el país que más empleo destruye sea justamente el único de la OCDE en donde bajaron los salarios reales de 1995 a 2005? ¿Por qué no habla Ordóñez de que las exportaciones de alta tecnología española solo representaban en 2006 el 4,96% del total, frente al 16,65% de la UE-27 y que para darle la vuelta ese problema habría que multiplicar el gasto en educación y en I+D+i? ¿Y cómo es que el gobernador no cae en la cuenta de que los países europeos más competitivos tienen una flexibilidad que no es precisamente la que aquí se propone y mucha más protección social? Como mira a otro lado no puede preocuparse, qué casualidad, de que nuestra tasa de abandono escolar sea caso tres veces más alta que la de la U-27, lo que sí constituye un lastre decisivo para nuestro mercado laboral, o de que nuestro porcentaje de gasto en protección social, cuya suficiencia sería fundamental para reformar sin pérdida de bienestar el mercado de trabajo, esté a seis puntos de dicha media?
Los ciudadanos deben saber todo esto para ser conscientes de los intereses a los que sirven los gobernadores y directivos de los bancos centrales. Deben saber que no son autoridades objetivas e independientes sino que en la práctica actúan como empleados de los grandes banqueros y empresarios y por eso es habitual, como ocurre en España, que después de hacerles la tarea terminen en sus consejos de administración o como dirigentes de la patronal bancaria.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Su web personal: http://www.juantorrreslopez.com
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