PRESIDENTES BANCOS CENTRALES

28-06-2009
Trichet, MAFO y los demás: ¿hasta cuándo?
Juan Torres López
Sistema Digital
Un estudio de Consultores de Gobierno Corporativo (CGC) señalaba que a finales de 2006 diez familias y una veintena de empresarios (la mayoría de las cuales se enriquecieron o consolidaron su riqueza durante el franquismo) tenían en esa fecha bajo su control a 19 de las 35 mayores empresas cotizadas en España y eran propietarios del 20,14% de su capital. Según el profesor Iago Santos, una pequeña elite que representa el 0,0035% de la población española controla recursos que equivalen al 80,5% del PIB. Un control que no solo le permite tener las retribuciones más altas de Europa como miembros de los consejos de administración sino también, y sobre todo, influir muy directa y decisivamente en las decisiones gubernamentales que les afectan.
Esas personas y grupos tienen muy claro lo que desean y por lo que deben luchar en cada momento y mucho más ahora que hay que hacer frente a una crisis que en gran medida han provocado ellos mismos.
Ahora tratan de presionar al máximo para lograr tres grandes objetivos. El primero, establecer reformas en la legislación laboral que les den más libertad, que les permitan reducir costes y que debiliten aún más a los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales. El segundo, avanzar, o incluso llegar a establecer si tienen fuerza suficiente, un sistema de capitalización privado que sustituya al actual modelo de reparto de las pensiones públicas. Y, finalmente, disminuir genéricamente la capacidad de maniobra de los gobiernos para seguir desplazando el poder de decisión sobre cuestiones económicas hacia espacios e instituciones no representativas en las que lógicamente pueden influir más cómoda y eficazmente.
Para defender esa estrategia tienen medios de comunicación, periodistas, organizaciones sociales y empresariales, profesores, economistas y políticos que constantemente se encargan de propagar las ideas que les interesa poner en práctica y entre los que ocupan una posición privilegiada los directivos de los bancos centrales con sus gobernadores al frente.
El papel de estos últimos es fundamental porque, gracias precisamente a ese poder mediático, tienen fama de autoridades objetivas e independientes, lo que les permite defender esas mismas propuestas ante la población como si fueran sabios y neutrales portadores de las ideas objetivas y científicas que sin duda conviene aplicar al conjunto de la sociedad.
Lo hemos visto claramente en los últimos meses y lo seguiremos viendo de forma cada vez más evidente en el futuro próximo: el gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, reclaman constantemente esas tres medidas centrándose en los últimos días de forma coincidente en la reforma laboral.
Frente a la prepotencia con la que se dirigen a los ciudadanos, es necesario que éstos sepan que las propuestas que hacen los gobernadores son el resultado de sus posiciones ideológicas y no de verdades científicas que puedan considerarse, como ellos las presentan, inexorables o indiscutibles.
Deben saber asimismo que las instituciones a las que representan no son precisamente el templo del saber objetivo, como quieren hacer creer, y que los informes que elaboran no son tampoco el mejor ejemplo de independencia, libertad de pensamiento y pluralidad. Los bancos centrales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se han consolidado como instrumentos al servicio de los grandes poderes económicos y financieros en donde se coopta a sus profesionales con criterios ideológicos y en donde se ha marginado y se margina hasta la extenuación a quienes no suscriben los postulados liberales.
Y es necesario que sepan, además, que esa ideología liberal de la que parten sus proposiciones es especialmente irrealista y errónea.
La mejor y más definitiva prueba de ello es comprobar hasta qué punto se han venido equivocando y se equivocan en sus análisis y predicciones y en qué medida tan evidente han adoptado medidas que han provocado los problema financieros que padecemos en lugar de resolverlos.
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales deberían haber tomado medidas para evitar la insolvencia generalizada a la que dado lugar el irresponsable comportamiento de los bancos y no lo hicieron. Deberían haber previsto la crisis que iba a provocar la ingente acumulación de riesgo y no lo hicieron, actuaron tarde y el sistema financiero ha paralizado la economía real sin que hayan sido capaces de evitarlo. Deberían haber adoptado medidas en España para que el dinero de los bancos no se dedicara a financiar una burbuja inmobiliaria y miraron a otro lado.
Y ahora, en lugar, de hacer frente con decisión a las reformas financieras que pudieran impedir en el futuro que los banqueros vuelvan a llevar a la ruina a la economía, se dedican a proponer reformas laborales o del sistema de pensiones que, en realidad, solo podrían conseguir que los grupos privilegiados disfruten de mayores beneficios.
Los ciudadanos tienen que saber que las propuestas ideologizadas del gobernador del Banco de España no le convienen a la inmensa mayoría de la población y que, además, no inciden en los verdaderos problemas de la economía española.
Los problemas del mercado de trabajo español, que crea mucho empleo en épocas de crecimiento pero tan precario que enseguida lo destruye cuando se ralentiza el crecimiento, no se resuelven disminuyendo los salarios, eliminando derechos laborales o aumentando el poder de negociación de las empresas. Así, como proponen los grupos oligárquicos de los que actúa como vocero el gobernador, lo que se logra es consolidar un modelo de competitividad basada en la mano de obra barata que está condenado al fracaso, no solo porque nos empobrece cada vez más sino porque siempre habrá otro países que pueda situarse por debajo de nuestros niveles salariales.
¿Por qué no dice el gobernador que nuestra productividad lleva estancada quince años y de que para salir de esa situación lo que se necesita es un capital humano más preparado, más capital social y mejores infraestructuras que requieren más gasto público, como nos demuestra la experiencia de los países más avanzados que el nuestro? ¿No le resulta significativo al gobernador que el país que más empleo destruye sea justamente el único de la OCDE en donde bajaron los salarios reales de 1995 a 2005? ¿Por qué no habla Ordóñez de que las exportaciones de alta tecnología española solo representaban en 2006 el 4,96% del total, frente al 16,65% de la UE-27 y que para darle la vuelta ese problema habría que multiplicar el gasto en educación y en I+D+i? ¿Y cómo es que el gobernador no cae en la cuenta de que los países europeos más competitivos tienen una flexibilidad que no es precisamente la que aquí se propone y mucha más protección social? Como mira a otro lado no puede preocuparse, qué casualidad, de que nuestra tasa de abandono escolar sea caso tres veces más alta que la de la U-27, lo que sí constituye un lastre decisivo para nuestro mercado laboral, o de que nuestro porcentaje de gasto en protección social, cuya suficiencia sería fundamental para reformar sin pérdida de bienestar el mercado de trabajo, esté a seis puntos de dicha media?
Los ciudadanos deben saber todo esto para ser conscientes de los intereses a los que sirven los gobernadores y directivos de los bancos centrales. Deben saber que no son autoridades objetivas e independientes sino que en la práctica actúan como empleados de los grandes banqueros y empresarios y por eso es habitual, como ocurre en España, que después de hacerles la tarea terminen en sus consejos de administración o como dirigentes de la patronal bancaria.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Su web personal: http://www.juantorrreslopez.com

ENTREVISTA: ELECCIONES EUROPEAS - Los candidatos:
WILLY MEYER Candidato de IU-ICV
"Europa es un esqueleto frente a la crisis"
VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 03/06/2009
Madrileño de 56 años -difícil deducirlo de su nombre-, Willy Meyer Pleite aspira a renovar el día 7 sus cinco años de eurodiputado por IU-ICV. Miembro de la dirección del PCE, siempre ha estado donde los ciudadanos le han puesto: fue concejal, diputado provincial en Cádiz y parlamentario nacional antes de recalar en la Eurocámara.
Pregunta. ¿La crisis pone en riesgo los derechos sociales conquistados por Europa?
Respuesta. En la época de crecimiento ya ocurrió: se apostó por un modelo que hacía prevalecer la libertad de mercado sobre los derechos de los trabajadores. Hay, por ejemplo, tres sentencias del Tribunal Europeo que legalizan el dumping social: es decir, que en una empresa los trabajadores que no son de ese país cobren según el salario de su país de origen, no de donde se radica el trabajo. Eso rompe el modelo social europeo. Además, irrumpió la filosofía de privatizarlo todo, de dejar a los Estados sin capacidad de intervención, y eso lleva a la destrucción del modelo social basado en servicios de calidad. Claro, con la crisis todo esto se acentúa. Europa está en una encrucijada: hay que ir a un nuevo modelo.
P. ¿Los sindicatos lo están haciendo bien?
R. Valoramos muy positivamente que CC OO y UGT demandan una reforma fiscal para ir a la progresividad, que es a lo que deben ir España y Europa. También la Confederación Europea de Sindicatos plantea la necesidad de un modelo económico distinto.
P. Ustedes plantean una reforma laboral a la inversa: "en beneficio de los trabajadores".
R. Sí, hay que ir a la ofensiva: que se establezca por ley la jornada de 35 horas, una mejora sustancial de los salarios y acabar con la temporalidad y la flexiseguridad. Que los Estados jueguen un papel importante en sectores importantes. Europa ahora mismo es un esqueleto con muy poca capacidad de intervención en la crisis. El ejemplo es lo que ha pasado con General Motors-Opel: Obama ha nacionalizado GM, Europa no. Hay que rescatar los sectores estratégicos: energía, transporte, telecomunicaciones, siderurgia, agua...
P. ¿Por dónde empezarían a nacionalizar?
R. Lo más urgente es el sector financiero. El Gobierno lo que ha hecho es garantizar los beneficios de los bancos.
P. ¿Se refieren a nacionalizar los bancos privados que existen o a crear una banca pública?
R. El primer paso sería crear una banca pública, a través del ICO. No, no hablamos de nacionalizar todo el sector, sino de contar con una banca pública. Inmediatamente después, pasar al rescate de los servicios estratégicos que fueron privatizados, creando fórmulas mixtas o directamente nacionalizándolos. La energía es vital: el debate de la sociedad pospetróleo no nos lo pueden hacer las multinacionales.
P. IU es de las pocas fuerzas políticas que mantiene una oposición frontal y sin matices a la energía nuclear...
R. Sí, nosotros mantenemos el 'nucleares no, gracias'. Con el modelo alternativo que defendemos de intervención pública, una parte de los beneficios iría a una política de mayor eficiencia, y está calculado que con un 25% de ahorro el debate de las nucleares sería innecesario. Por tanto, mantenemos la reclamación de cierre de las centrales nucleares. También una apuesta de i+D+I en energías renovables.
P. ¿Cuál es su principal propuesta para regular la inmigración en Europa?
R. Lo primero es derogar la directiva de retorno o directiva de la vergüenza. Europa necesita la inmigración económica para subsistir. Sin inmigración, el proyecto europeo no tiene futuro. Hay que dar una respuesta democrática y humana a las personas que necesitamos para cobrar las pensiones el día de mañana. La directiva criminaliza a los sin papeles.
P. Y una vez derogada la directiva, ¿qué propondrían para regular la inmigración?
R. Cambiar el modelo actual de crecimiento, pactado por el Partido Popular y el PSOE. Ese modelo nos ha llevado a la recesión y al paro. Con un cambio de modelo habría empleo para los europeos y también para los inmigrantes.
P. ¿Y ya no habría que controlar las fronteras?
R. El control de fronteras es imprescindible, pero podríamos introducir hasta a 25 millones de inmigrantes, que son, según la Comisión Europea, los necesarios para sostener Europa. Por otro lado, la mejor receta ante la inmigración es incrementar la ayuda al desarrollo.
P. Izquierda Unida aplaudió la decisión del Tribunal Constitucional que permite concurrir a las elecciones a Iniciativa Internacionalista-Solidaridad de los Pueblos (II-SP). Al día siguiente, Arnaldo Otegi salió a pedir el voto para esa candidatura, y ahora participa en sus mítines. ¿Siguen aplaudiendo la decisión del Constitucional?
R. Nosotros no aplaudimos.
P. Dijeron que era bueno desde el punto de vista democrático que se pudieran presentar...
R. No, nosotros no aplaudimos. Lo que dijimos es que criticábamos la decisión del Supremo [que había anulado la candidatura]. Nosotros hemos votado contra la Ley de Partidos porque es un atajo inaceptable en la lucha contra el terrorismo y porque las ideas no pueden ser perseguidas. Cuando el Constitucional falló, simplemente constatamos que el Estado de derecho había funcionado. Una vez que el mundo de HB ilegalizado pide el voto para esa candidatura, pues la define bien; y por tanto nosotros, que siempre hemos sido una fuerza confrontada de forma radical con el terrorismo, también estamos confrontados con esta candidatura.
P. ¿Entonces les alegra o les apena que II-SP concurra a las elecciones europeas?
R. Es que no nos provoca ninguna sensación la situación de ninguna candidatura. Es un tema que ni nos va ni nos viene.
P. Los dos eurodiputados de IU-ICV, usted mismo y Raül Romeva, están entre los más trabajadores de la Eurocámara, pero los sondeos les auguran un estancamiento o incluso un descenso. ¿Les desalienta?
R. No, porque conocemos las reglas del juego. Ese trabajo que efectivamente hemos hecho no ha tenido correspondencia en los medios de comunicación, porque no interesa el trabajo: sólo interesan los grandes partidos, trabajen o no. Pero esto no nos desmoraliza: nos da más fuerzas. Publicado en El Pais:http://www.elpais.com/articulo/espana/Europa/esqueleto/frente/crisis/elpepiesp/20090603elpepinac_6/Tes?print=1El Debate de ayer en TVE está en:http://www.rtve.es/