Motivos para la huelga general
Vicenç Navarro
Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.
Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.
Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.
A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países. Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
viernes, 3 de septiembre de 2010
domingo, 1 de agosto de 2010
Vicenç Navarro
Sistema Digital
Estamos viendo estos días uno de los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, más sustanciales que hayamos visto desde hace años, recortes que se nos dice son necesarios para recuperar “la confianza de los mercados financieros”, una frase que parece determinar todas las políticas propuestas tanto por el gobierno español como por el mayor partido de la oposición, el PP. La reducción de la calificación de los bonos soberanos de España, pasando de AAA a AA+ por la Agencia Fitch, causó un pánico que forzó toda una serie de medidas de austeridad, estimuladas a su vez por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y, como no, el Banco de España, todas ellas instituciones de clara y conocida orientación neoliberal.
Estas medidas tomadas por el gobierno español significan un recorte equivalente a un 1,4% del PIB (15.300 millones de euros) que deben realizarse en dos años. El gobierno ha propuesto también aumentar los impuestos en una cantidad equivalente a un 1,6% del PIB (17.900 millones de euros), con lo cual, el impacto fiscal sería equivalente a un 3% del PIB en su contribución a la reducción del déficit público. Estas medidas han ido acompañadas de cambios en la regulación del mercado de trabajo, que tendrán como consecuencia el aumento del desempleo y la disminución de los salarios (aún cuando el discurso oficial explicita otros objetivos menos impopulares). Esta reducción de los salarios se considera necesaria para aumentar la productividad (más baja que la existente en Alemania y en Francia), permitiendo una mayor competitividad, puesto que la imposibilidad de devaluar la moneda deja sólo esa opción para que España sea más competitiva.
Tales medidas de austeridad de gasto público, acompañadas de las reformas laborales, tendrán, sin embargo, un impacto negativo en el estímulo económico, disminuyendo todavía más el crecimiento económico español. En realidad, la disminución en la calidad de los bonos soberanos se basa en la lectura que las agencias de valoración de tales bonos han hecho de lo que definen como “la fragilidad de la economía española” (una manera diplomática de referirse al escaso crecimiento económico). Una consecuencia de esta percepción es que cada vez es más difícil encontrar compradores de tales bonos soberanos, lo que significa un aumento de sus intereses y un aumento de los costes de la deuda pública, que los llamados “mercados financieros” dudan pueda pagarse. Tales medidas de austeridad están, pues, preocupando a los mercados financieros, con lo cual estas medidas están consiguiendo alcanzar unos objetivos opuestos a los que intentaron. De ahí que sea sorprendente que la respuesta que el gobierno español está dando a la crisis sea precisamente acentuar todavía más la austeridad de gasto público y la reducción de los salarios, medidas que el mayor partido de la oposición, el PP, incluso acentúa más, limitándose así el debate político entre los dos partidos mayoritarios del país, el PSOE y el PP, en cuál de los dos “es más austero” y “desregula más el mercado de trabajo”. El PP quiere más, y el PSOE quiere menos. Pero, por lo demás, los dos coinciden en que hay que seguir tales políticas. Ni que decir tiene que tanto la Banca como la gran patronal están aplaudiendo estas medidas que, en realidad, han estado deseando durante muchos años a fin de debilitar el mundo del trabajo.
El Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación económica más importantes de EEUU (que tiene en su consejo asesor a dos Premios Nóbel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz), acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública en España que cuestiona el mérito de tales medidas (Alternativas a la Austeridad Fiscal en España, de Mark Weisbrot y Juan Montecino) ver informe. Como bien señalan sus autores, Mark Weisbort y Juan Montecino, la deuda pública española fue descendiendo durante el periodo 2000-2007, pasando de ser equivalente a un 59,3% del PIB a un 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel periodo. El déficit del estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Al iniciarse la crisis, la deuda pública era, pues, una de las más bajas de la UE-15. Y la situación era incluso mejor cuando se analiza la evolución de la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado). Tal deuda pública neta (que es la deuda que se debe al inversor privado) fue incluso más baja, habiéndose reducido a un 26,5% del PIB en 2007. De ahí que el argumento utilizado por muchos economistas neoliberales de que la crisis fue ocasionada por un excesivo gasto público, no tiene ninguna validez, lo cual, por desgracia, no es obstáculo para que los medios de información y persuasión (la mayoría de persuasión neoliberal) continúen promoviendo esta explicación de la crisis.
La mayor causa de la crisis fue la explosión de dos burbujas, Una, la inmobiliaria (que comenzó en el 2007), coincidiendo con el inicio de la recesión mundial. Tal burbuja había tomado mayor intensidad en el periodo 2000-2006, cuando la construcción pasó de representar el 7,5% del PIB en 2000 a un 10,8% en 2006. Desde entonces, tal actividad económica ha caído un 87%, una cantidad que está en la raíz del problema económico español. Mark Weisbrot y Juan Montecino señalan en su informe las similitudes entre las burbujas inmobiliarias de España y de EEUU y su impacto en la economía. La otra burbuja fue en el mercado de valores. Tal burbuja alcanzó un nivel máximo del 125% del PIB en Noviembre de 2007, y cayó hasta un 54% del PIB un año más tarde. En ambos casos –la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil- su explosión creó un enorme vacío de la demanda, que sólo el estado puede llenar. Como indican los autores, esperar que sea el sector privado el que llene este vacío es profundamente erróneo. Recortar, además, el gasto público es un suicidio económico, que profundiza la recesión.
Tales políticas de austeridad pueden llevar a una situación de crecimiento económico muy lento e intereses de la deuda muy elevados, lo cual dificultará enormemente la recuperación económica, incrementándose a su vez la deuda pública. Es más, la reducción de la demanda interna (consecuencia del descenso del gasto público y reducción de los salarios) significará que el mayor estímulo económico tendrá que depender de factores externos, poco predecibles en un momento de recesión mundial, tales como las exportaciones. Esta estrategia, que es la que están defendiendo tanto el gobierno español como las derechas españolas, PP y CIU, es enormemente arriesgada y errónea.
¿Cuáles son las alternativas?
Para proponer una alternativa a las políticas de austeridad, hay que tener en cuenta que la deuda pública española, incluso ahora, no es exagerada. En realidad, representa 65.000 millones de euros y se calcula que alcanzará 78.000 millones de euros en 2011. Esta cantidad es una cantidad muy menor comparada con los 750.000 millones de euros que la UE y el FMI tienen disponible para ayudar a los estados miembros de la UE en dificultades financieras. De ahí que si las autoridades de la UE y del FMI desearan evitar el crecimiento de los intereses de la deuda pública soberana española, lo podrían hacer fácilmente, poniendo aquel dinero a disposición de España, asegurando así a los mercados financieros que España podría pagar tal deuda sin más dolores de cabeza. De estas cifras se deduce que la deuda pública no tendría que ser un obstáculo para la recuperación económica. De ahí que Mark Weisbrot y Juan Montecino concluyan que las políticas de reducción del déficit y de la deuda son innecesarias y desaconsejables, pues lo que creen que se debería hacer es, precisamente, aumentar el gasto público con el fin de estimular la economía y el crecimiento económico, que es lo que algunas voces solitarias hemos estado diciendo en España, sin que este mensaje haya tenido ninguna resonancia en la mayoría de los medios (ver mi artículo “Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace”. Sistema digital, 09.07.10).
El argumento que utiliza el gobierno y el mayor partido de la oposición para no seguir esta estrategia es que el nivel de endeudamiento público español es excesivo. Pero en este argumento se olvida un elemento clave: ¿quién es el propietario de la deuda? En realidad, más importante que el tamaño de la deuda es a quién se deben pagar los intereses de tal deuda. No es lo mismo que los intereses se tengan que pagar a inversores privados (deuda neta) que al estado. La deuda bruta es toda la deuda, incluyendo la neta, pero también la deuda que el estado se debe a sí mismo. (En este último caso, tal deuda no representa una carga sobre el presupuesto del Estado). Los intereses de la deuda dependen primordialmente de la deuda neta. Así, Japón tiene una deuda enorme (227% del PIB) y en cambio los intereses de la deuda son sólo de un 2% (los intereses de la deuda española son de un 3,6%). Y ello se debe a que la deuda neta es mucho menor que la deuda bruta (es un 112% del PIB). El Banco Central Japonés ha ido imprimiendo dinero con el que comprar la deuda pública japonesa. La deuda neta –que es la que configura los intereses de la deuda- es mucho más baja, y de ahí que los intereses sean mucho más bajos de lo que serían si toda la deuda se debiera a los inversores privados. Una situación semejante ha ocurrido en EEUU donde el Banco Central ha impreso dinero (equivalente a un 8% del PIB) para pagar la deuda pública soberana, así como para ayudar a los bancos y a las empresas. Tanto en EEUU como en Japón, tales cantidades no han creado inflación debido a la recesión en el sector privado.
En España tampoco existe inflación y el peligro es precisamente el contrario, el de la deflación. El problema que España tiene es que el Banco Central español no puede imprimir dinero. Pero el Banco Central Europeo sí que puede. De ahí que el BCE podría imprimir y comprar deuda pública española, revirtiendo los intereses de tal deuda al estado español, con lo que el efecto sería el mismo que la compra por parte de los Bancos Centrales Estadounidense y Japonés de su deuda pública. Mark Weisbrot y Juan Montecino han calculado qué pasaría con la deuda neta española si el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en una cantidad equivalente a un 4% del PIB español durante dos años (y devolviendo los intereses de la deuda al gobierno español, tal como hacen el Banco Central estadounidense y el Banco Central japonés). Ello permitiría un estímulo económico de alrededor de un 3,9% del PIB, incrementándose su deuda neta de un 50,3% del PIB en 2010 a un 66,5% del PIB en 2020, lo cual es un crecimiento totalmente asumible. (Hoy la deuda neta promedio de la UE es el 79% del PIB). Esta alternativa permitiría estimular significativamente la economía española (a base de inversiones en creación de empleo, tanto en la infraestructura física como en la social) con un efecto inmediato en la reducción del desempleo, sin costos inasumibles en el pago de la deuda pública neta. En realidad, la deuda pública española representa sólo un 0,5% del PIB de la UE.
El error de las políticas actuales
La continuación de las políticas actuales (tal como exigen el FMI, la UE y el BCE) conducirá, sin embargo, a un empeoramiento de la economía, contribuyendo a su fragilidad. En este aspecto, las recetas que la UE y el FMI han estado aplicando a los países del Este de Europa, en preparación a su integración a la UE han sido un desastre para aquellas economías. Las proyecciones que tales instituciones hicieron para aquellos países han probado ser profundamente erróneas, causando un deterioro de sus economías mucho más acentuado de lo que se estimó. Así, habían calculado un descenso del PIB de Letonia de un 5% del PIB para 2009, siendo el descenso real un 18%. Lo mismo ocurrió con Irlanda, donde el FMI proyectó un descenso de sólo un 1% del PIB para el 2009, cuando el descenso fue de un 10%. Seguir estas políticas es profundamente erróneo. Y creerse que el estímulo económico provendrá del aumento de la competitividad para aumentar las exportaciones es irreal, entre otras razones porque –tal como queda indicado anteriormente- esta gran recesión es a nivel mundial. De ahí la importancia de la demanda interna como motor del estímulo económico, que pasa por una inversión pública muy acentuada.
Tal como documentan Weisbrot y Montecino, la continuación de las políticas actuales recesionistas implica que la deuda pública tendrá que incrementar sus intereses para poder encontrar compradores, aumentando considerablemente el coste de la deuda y la misma deuda. Es probable que la deuda pública aumentara hasta un 104% del PIB, con unos intereses que podrían llegar al 6, 7, e incluso el 8%. En resumidas cuentas, el resultado podría ser un crecimiento económico muy lento, acompañado de un aumento notable de la deuda pública y de los intereses para pagarla. De ahí el error de las políticas de austeridad que se presentan como medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública cuando, en realidad, lo que hacen es aumentarla. La pasada experiencia en momentos de crisis muestra la evidencia que permite alcanzar tal conclusión.
Por desgracia, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional apoyarán las medidas aquí sugeridas, que exigirían políticas distintas a las que el Banco Central Europeo ha estado haciendo. El Banco Central Europeo no es un banco central como lo es el Banco Central estadounidense o el japonés (ver mi artículo “No son los mercados, sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema Digital. 04.06.10) Así y todo, Weisbrot y Montecino proponen al gobierno español desarrollar un estímulo económico, pidiendo prestado dinero a los mercados internacionales. Los dos autores hacen un cálculo de varios escenarios, y entre ellos incluyen uno en que el estímulo económico alcanzado, con un crecimiento del gasto público equivalente a un 1% del PIB en 2010, y un 1,3% en 2011, significaría un crecimiento de la deuda neta, pasando de ser un 54% en 2010 a un 68% en 2020, permitiendo a la vez reducir el déficit, bajándolo a un 3% del PIB en 2013. Tal crecimiento de la deuda neta, aunque superior al proyectado por el gobierno, sería asumible, facilitando así un crecimiento económico que absorbería la deuda, permitiendo a su vez disminuir el déficit del estado. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Son datos claros y convincentes que es improbable que tengan mayor impacto debido al dogma neoliberal que absorbe y contamina toda la cultura económica dominante en la UE y en España, y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión en nuestro país. Y ahí está el problema.
Sistema Digital
Estamos viendo estos días uno de los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, más sustanciales que hayamos visto desde hace años, recortes que se nos dice son necesarios para recuperar “la confianza de los mercados financieros”, una frase que parece determinar todas las políticas propuestas tanto por el gobierno español como por el mayor partido de la oposición, el PP. La reducción de la calificación de los bonos soberanos de España, pasando de AAA a AA+ por la Agencia Fitch, causó un pánico que forzó toda una serie de medidas de austeridad, estimuladas a su vez por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y, como no, el Banco de España, todas ellas instituciones de clara y conocida orientación neoliberal.
Estas medidas tomadas por el gobierno español significan un recorte equivalente a un 1,4% del PIB (15.300 millones de euros) que deben realizarse en dos años. El gobierno ha propuesto también aumentar los impuestos en una cantidad equivalente a un 1,6% del PIB (17.900 millones de euros), con lo cual, el impacto fiscal sería equivalente a un 3% del PIB en su contribución a la reducción del déficit público. Estas medidas han ido acompañadas de cambios en la regulación del mercado de trabajo, que tendrán como consecuencia el aumento del desempleo y la disminución de los salarios (aún cuando el discurso oficial explicita otros objetivos menos impopulares). Esta reducción de los salarios se considera necesaria para aumentar la productividad (más baja que la existente en Alemania y en Francia), permitiendo una mayor competitividad, puesto que la imposibilidad de devaluar la moneda deja sólo esa opción para que España sea más competitiva.
Tales medidas de austeridad de gasto público, acompañadas de las reformas laborales, tendrán, sin embargo, un impacto negativo en el estímulo económico, disminuyendo todavía más el crecimiento económico español. En realidad, la disminución en la calidad de los bonos soberanos se basa en la lectura que las agencias de valoración de tales bonos han hecho de lo que definen como “la fragilidad de la economía española” (una manera diplomática de referirse al escaso crecimiento económico). Una consecuencia de esta percepción es que cada vez es más difícil encontrar compradores de tales bonos soberanos, lo que significa un aumento de sus intereses y un aumento de los costes de la deuda pública, que los llamados “mercados financieros” dudan pueda pagarse. Tales medidas de austeridad están, pues, preocupando a los mercados financieros, con lo cual estas medidas están consiguiendo alcanzar unos objetivos opuestos a los que intentaron. De ahí que sea sorprendente que la respuesta que el gobierno español está dando a la crisis sea precisamente acentuar todavía más la austeridad de gasto público y la reducción de los salarios, medidas que el mayor partido de la oposición, el PP, incluso acentúa más, limitándose así el debate político entre los dos partidos mayoritarios del país, el PSOE y el PP, en cuál de los dos “es más austero” y “desregula más el mercado de trabajo”. El PP quiere más, y el PSOE quiere menos. Pero, por lo demás, los dos coinciden en que hay que seguir tales políticas. Ni que decir tiene que tanto la Banca como la gran patronal están aplaudiendo estas medidas que, en realidad, han estado deseando durante muchos años a fin de debilitar el mundo del trabajo.
El Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación económica más importantes de EEUU (que tiene en su consejo asesor a dos Premios Nóbel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz), acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública en España que cuestiona el mérito de tales medidas (Alternativas a la Austeridad Fiscal en España, de Mark Weisbrot y Juan Montecino) ver informe. Como bien señalan sus autores, Mark Weisbort y Juan Montecino, la deuda pública española fue descendiendo durante el periodo 2000-2007, pasando de ser equivalente a un 59,3% del PIB a un 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel periodo. El déficit del estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Al iniciarse la crisis, la deuda pública era, pues, una de las más bajas de la UE-15. Y la situación era incluso mejor cuando se analiza la evolución de la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado). Tal deuda pública neta (que es la deuda que se debe al inversor privado) fue incluso más baja, habiéndose reducido a un 26,5% del PIB en 2007. De ahí que el argumento utilizado por muchos economistas neoliberales de que la crisis fue ocasionada por un excesivo gasto público, no tiene ninguna validez, lo cual, por desgracia, no es obstáculo para que los medios de información y persuasión (la mayoría de persuasión neoliberal) continúen promoviendo esta explicación de la crisis.
La mayor causa de la crisis fue la explosión de dos burbujas, Una, la inmobiliaria (que comenzó en el 2007), coincidiendo con el inicio de la recesión mundial. Tal burbuja había tomado mayor intensidad en el periodo 2000-2006, cuando la construcción pasó de representar el 7,5% del PIB en 2000 a un 10,8% en 2006. Desde entonces, tal actividad económica ha caído un 87%, una cantidad que está en la raíz del problema económico español. Mark Weisbrot y Juan Montecino señalan en su informe las similitudes entre las burbujas inmobiliarias de España y de EEUU y su impacto en la economía. La otra burbuja fue en el mercado de valores. Tal burbuja alcanzó un nivel máximo del 125% del PIB en Noviembre de 2007, y cayó hasta un 54% del PIB un año más tarde. En ambos casos –la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil- su explosión creó un enorme vacío de la demanda, que sólo el estado puede llenar. Como indican los autores, esperar que sea el sector privado el que llene este vacío es profundamente erróneo. Recortar, además, el gasto público es un suicidio económico, que profundiza la recesión.
Tales políticas de austeridad pueden llevar a una situación de crecimiento económico muy lento e intereses de la deuda muy elevados, lo cual dificultará enormemente la recuperación económica, incrementándose a su vez la deuda pública. Es más, la reducción de la demanda interna (consecuencia del descenso del gasto público y reducción de los salarios) significará que el mayor estímulo económico tendrá que depender de factores externos, poco predecibles en un momento de recesión mundial, tales como las exportaciones. Esta estrategia, que es la que están defendiendo tanto el gobierno español como las derechas españolas, PP y CIU, es enormemente arriesgada y errónea.
¿Cuáles son las alternativas?
Para proponer una alternativa a las políticas de austeridad, hay que tener en cuenta que la deuda pública española, incluso ahora, no es exagerada. En realidad, representa 65.000 millones de euros y se calcula que alcanzará 78.000 millones de euros en 2011. Esta cantidad es una cantidad muy menor comparada con los 750.000 millones de euros que la UE y el FMI tienen disponible para ayudar a los estados miembros de la UE en dificultades financieras. De ahí que si las autoridades de la UE y del FMI desearan evitar el crecimiento de los intereses de la deuda pública soberana española, lo podrían hacer fácilmente, poniendo aquel dinero a disposición de España, asegurando así a los mercados financieros que España podría pagar tal deuda sin más dolores de cabeza. De estas cifras se deduce que la deuda pública no tendría que ser un obstáculo para la recuperación económica. De ahí que Mark Weisbrot y Juan Montecino concluyan que las políticas de reducción del déficit y de la deuda son innecesarias y desaconsejables, pues lo que creen que se debería hacer es, precisamente, aumentar el gasto público con el fin de estimular la economía y el crecimiento económico, que es lo que algunas voces solitarias hemos estado diciendo en España, sin que este mensaje haya tenido ninguna resonancia en la mayoría de los medios (ver mi artículo “Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace”. Sistema digital, 09.07.10).
El argumento que utiliza el gobierno y el mayor partido de la oposición para no seguir esta estrategia es que el nivel de endeudamiento público español es excesivo. Pero en este argumento se olvida un elemento clave: ¿quién es el propietario de la deuda? En realidad, más importante que el tamaño de la deuda es a quién se deben pagar los intereses de tal deuda. No es lo mismo que los intereses se tengan que pagar a inversores privados (deuda neta) que al estado. La deuda bruta es toda la deuda, incluyendo la neta, pero también la deuda que el estado se debe a sí mismo. (En este último caso, tal deuda no representa una carga sobre el presupuesto del Estado). Los intereses de la deuda dependen primordialmente de la deuda neta. Así, Japón tiene una deuda enorme (227% del PIB) y en cambio los intereses de la deuda son sólo de un 2% (los intereses de la deuda española son de un 3,6%). Y ello se debe a que la deuda neta es mucho menor que la deuda bruta (es un 112% del PIB). El Banco Central Japonés ha ido imprimiendo dinero con el que comprar la deuda pública japonesa. La deuda neta –que es la que configura los intereses de la deuda- es mucho más baja, y de ahí que los intereses sean mucho más bajos de lo que serían si toda la deuda se debiera a los inversores privados. Una situación semejante ha ocurrido en EEUU donde el Banco Central ha impreso dinero (equivalente a un 8% del PIB) para pagar la deuda pública soberana, así como para ayudar a los bancos y a las empresas. Tanto en EEUU como en Japón, tales cantidades no han creado inflación debido a la recesión en el sector privado.
En España tampoco existe inflación y el peligro es precisamente el contrario, el de la deflación. El problema que España tiene es que el Banco Central español no puede imprimir dinero. Pero el Banco Central Europeo sí que puede. De ahí que el BCE podría imprimir y comprar deuda pública española, revirtiendo los intereses de tal deuda al estado español, con lo que el efecto sería el mismo que la compra por parte de los Bancos Centrales Estadounidense y Japonés de su deuda pública. Mark Weisbrot y Juan Montecino han calculado qué pasaría con la deuda neta española si el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en una cantidad equivalente a un 4% del PIB español durante dos años (y devolviendo los intereses de la deuda al gobierno español, tal como hacen el Banco Central estadounidense y el Banco Central japonés). Ello permitiría un estímulo económico de alrededor de un 3,9% del PIB, incrementándose su deuda neta de un 50,3% del PIB en 2010 a un 66,5% del PIB en 2020, lo cual es un crecimiento totalmente asumible. (Hoy la deuda neta promedio de la UE es el 79% del PIB). Esta alternativa permitiría estimular significativamente la economía española (a base de inversiones en creación de empleo, tanto en la infraestructura física como en la social) con un efecto inmediato en la reducción del desempleo, sin costos inasumibles en el pago de la deuda pública neta. En realidad, la deuda pública española representa sólo un 0,5% del PIB de la UE.
El error de las políticas actuales
La continuación de las políticas actuales (tal como exigen el FMI, la UE y el BCE) conducirá, sin embargo, a un empeoramiento de la economía, contribuyendo a su fragilidad. En este aspecto, las recetas que la UE y el FMI han estado aplicando a los países del Este de Europa, en preparación a su integración a la UE han sido un desastre para aquellas economías. Las proyecciones que tales instituciones hicieron para aquellos países han probado ser profundamente erróneas, causando un deterioro de sus economías mucho más acentuado de lo que se estimó. Así, habían calculado un descenso del PIB de Letonia de un 5% del PIB para 2009, siendo el descenso real un 18%. Lo mismo ocurrió con Irlanda, donde el FMI proyectó un descenso de sólo un 1% del PIB para el 2009, cuando el descenso fue de un 10%. Seguir estas políticas es profundamente erróneo. Y creerse que el estímulo económico provendrá del aumento de la competitividad para aumentar las exportaciones es irreal, entre otras razones porque –tal como queda indicado anteriormente- esta gran recesión es a nivel mundial. De ahí la importancia de la demanda interna como motor del estímulo económico, que pasa por una inversión pública muy acentuada.
Tal como documentan Weisbrot y Montecino, la continuación de las políticas actuales recesionistas implica que la deuda pública tendrá que incrementar sus intereses para poder encontrar compradores, aumentando considerablemente el coste de la deuda y la misma deuda. Es probable que la deuda pública aumentara hasta un 104% del PIB, con unos intereses que podrían llegar al 6, 7, e incluso el 8%. En resumidas cuentas, el resultado podría ser un crecimiento económico muy lento, acompañado de un aumento notable de la deuda pública y de los intereses para pagarla. De ahí el error de las políticas de austeridad que se presentan como medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública cuando, en realidad, lo que hacen es aumentarla. La pasada experiencia en momentos de crisis muestra la evidencia que permite alcanzar tal conclusión.
Por desgracia, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional apoyarán las medidas aquí sugeridas, que exigirían políticas distintas a las que el Banco Central Europeo ha estado haciendo. El Banco Central Europeo no es un banco central como lo es el Banco Central estadounidense o el japonés (ver mi artículo “No son los mercados, sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema Digital. 04.06.10) Así y todo, Weisbrot y Montecino proponen al gobierno español desarrollar un estímulo económico, pidiendo prestado dinero a los mercados internacionales. Los dos autores hacen un cálculo de varios escenarios, y entre ellos incluyen uno en que el estímulo económico alcanzado, con un crecimiento del gasto público equivalente a un 1% del PIB en 2010, y un 1,3% en 2011, significaría un crecimiento de la deuda neta, pasando de ser un 54% en 2010 a un 68% en 2020, permitiendo a la vez reducir el déficit, bajándolo a un 3% del PIB en 2013. Tal crecimiento de la deuda neta, aunque superior al proyectado por el gobierno, sería asumible, facilitando así un crecimiento económico que absorbería la deuda, permitiendo a su vez disminuir el déficit del estado. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Son datos claros y convincentes que es improbable que tengan mayor impacto debido al dogma neoliberal que absorbe y contamina toda la cultura económica dominante en la UE y en España, y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión en nuestro país. Y ahí está el problema.
miércoles, 10 de febrero de 2010
Una vez más, las pensiones
Vicenç Navarro
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Vicenç Navarro
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
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